Los funcionarios de la Dirección de Administración de Educación Municipal (DAEM) de Puerto Varas llegaron al Ministerio Público para pedir una reunión con el fiscal a cargo de la investigación por presuntas irregularidades en la administración municipal.
Se trata de más de 100 personas del “Movimiento Comunal por la Educación de Puerto Varas”, quienes llegaron a solicitar una entrevista con el persecutor Daniel Alvarado, esto con el fin de entregar antecedentes que ayuden a la indagación que se lleva adelante.
Marcela Yunge, dirigente de los asistentes de la educación, manifestó que esperan que la indagatoria de con los responsables de la crisis, apuntando a la administradora municipal Mónica Castillo.
Guido Navarro, fue proveedor del municipio de Puerto Varas por 25 años, hasta que el 2015 no se le canceló el servicio de transporte escolar por una suma de 14 millones de pesos.
Por su parte el fiscal Alvarado manifestó que la investigación continúa, precisando los delitos que se podrían encontrar en el trabajo que desarrolla.
En tanto, el municipio lacustre informó que el concejo aprobó el traspaso de 180 millones al DAEM para subsanar el pago de cotizaciones y otras deficiencias en los establecimientos con el fin de terminar el conflicto.
