El Gobierno Regional de La Araucanía denunció en Fiscalía que fundaciones, municipios y universidades no rindieron cerca de $80 mil millones traspasados hasta fines del año pasado. El gobernador, René Saffirio, dijo que en la institución hubo crimen organizado.
Se trata de graves irregularidades detectadas en una auditoría externa que por 5 meses se realizó al interior del GORE, a cargo de la empresa Fortunato y Asociados con más de dos décadas de experiencia en esta materia.
El objetivo fue analizar la ejecución presupuestaria de los años 2022, 2023 y 2024, cuando la institución estaba liderada por el exgobernador, Luciano Rivas, cuestionado por las millonarias transferencias a fundaciones y que hoy son investigadas por el Ministerio Público.
Entre los hallazgos está que en ese periodo de tiempo, el organismo no recibió la rendición de recursos traspasados a las fundaciones, municipios y universidades por más de 79 mil 500 millones de pesos.
Al respecto, el gobernador René Saffirio dijo que “no se sabe qué se hizo, cómo se usó y si se usó, en consecuencia, correctamente o no este monto”.
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Saffirio apuntó al exgobernador, Luciano Rivas, asegurando que mediante una resolución exenta renunció a su deber de firmar documentos y delegó esta función a subalternos, indicando que de esta manera se proveyó de “cierta impunidad respecto de los actos administrativos”.
La autoridad, de manera categórica, aseguró que en el Gobierno Regional de La Araucanía hubo “crimen organizado”.
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Asimismo, la actual autoridad regional dijo que de este monto al menos un 20% ya fueron restituidos, aunque toda la documentación está siendo revisada. Hace un tiempo, la Fiscalía reveló que el Gobierno Regional de La Araucanía transfirió más de 44 mil millones de pesos a distintas fundaciones, siendo el monto de interés a investigar.
Con esta nueva revelación, y los cerca de 80 mil millones de pesos no rendidos, el gobernador Saffirio espera que las indagaciones del caso Convenios avancen con mayor celeridad en la zona.
Los antecedentes también fueron enviados a la Contraloría General de la República (CGR), ya que hay 5 sumarios en curso contra funcionarios que tenían que realizar las labores de control.