La Corte de Apelaciones de Temuco acogió un recurso de protección presentado por una exfuncionaria de la Municipalidad de Padre Las Casas, región de La Araucanía, quien acusa vulneración de derechos constitucionales luego de una serie de malos tratos en su lugar de trabajo, el Cesfam Conunhuenu.
La acción legal se basa en el término anticipado de un contrato a plazo fijo, inicialmente establecido hasta diciembre de 2024, pero reducido unilateralmente al 30 de abril del mismo año, mediante actos administrativos considerados arbitrarios e ilegales.
El contrato de Jessica Montoya, la funcionaria afectada, trabajadora social en el Cesfam Conunhuenu, fue renovado en enero del 2024, modificado en marzo de ese año sin justificación clara, lo que habría generado una incertidumbre laboral, afectando su legítima confianza en la estabilidad del empleo.
Montoya habló sobre lo vivido en su lugar de trabajo, afirmando que “al denunciar estas prácticas, comencé a recibir represalias”.
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En tanto, Rodrigo Urra, asesor jurídico de dicha Municipalidad, indicó que este recurso fue impugnado por la casa edilicia.
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La Corte de Apelaciones concluyó que, aunque los actos administrativos tenían base legal, la reducción del contrato fue arbitraria por carecer de fundamentación.
Además, determinó que la recurrente sufrió una discriminación injustificada al recibir un trato desigual respecto de otros funcionarios con contratos similares.
Finalmente, la Corte acogió el recurso, ordenando dejar sin efecto los decretos que acortaron el contrato y reintegrar a Montoya Barra en sus funciones hasta el plazo originalmente establecido, reafirmando así la protección de sus derechos fundamentales.