La familia del trabajador forestal que murió tras una emboscada en Lumaco -región de La Araucanía- presentó una querella contra quienes resulten responsable del disparo que le quitó la vida, además de apuntar contra la empresa mandante, el contratista y el Estado por no adoptar medidas de seguridad en favor de los empleados, pese a que lo habían solicitado tras las amenazas de Héctor Llaitul, cuando llamó a organizar la "resistencia armada".

Una querella por homicidio y cuasidelito de homicidio presentó la familia de Segundo Catril Neculqueo, trabajador forestal de Tirúa, muerto en Lumaco. Si bien la acción legal es contra quienes resulten responsables, apuntan a la negligencia de las empresas mandante y contratista, además del Estado, por no haber tomado las medidas de seguridad para prevenir el ataque armado.

En la querella, ingresada en el Juzgado de Garantía de Traiguén, la familia de Segundo Catril pide a la Fiscalía determinar los autores materiales del disparo que causó la muerte del trabajador forestal, quien se desempeñaba para la contratista de la empresa Mininco, representada por Santos Reinao.

Respecto de los desconocidos se imputa el homicidio, y en el caso de las empresas y el Estado, a través del Ministerio del Interior, se desliza un cuasidelito, al no haber entregado los primeros las medidas de protección que requerían sus empleados.

Asimismo al Gobierno se le acusa por inacción y omisión frente a las amenazas de la CAM en los días previos al ataque armado.

Lo anterior fue confirmado por Víctor Hugo Álvarez, abogado de la viuda y los hijos del trabajador, todos residentes en la comuna de Tirúa.

Habían solicitado mayor seguridad

Héctor Catril, quien también trabaja para la contratista, sostuvo que efectivamente habían solicitado vidrios blindados en los buses y chalecos antibalas, entre otras medidas, tras las amenazas realizadas por el líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, cuando llamó a “preparar la fuerza” y “organizar la resistencia armada”.

Pero también hubo advertencias directas al contratista, dijo el abogado Álvarez, sin que estas fueran tomadas en cuenta.

Consultado el contratista Santos Reinao indicó que desconocía la querella, pero que la entendía desde el dolor que está viviendo la familia y por eso prefería no referirse a la judicialización del caso.

Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)