A la Corte de Apelaciones de Santiago debieron recurrir los padres de un lactante de 8 meses diagnosticado con una atrofia muscular espinal (AME) en Angol, luego que por orden de la Contraloría el Ministerio de Salud suspendiera el tratamiento para la extraña enfermedad.
A diferencia de los fallos con los que la Corte Suprema ha ordenado al Fonasa el suministro del costoso tratamiento para la atrofia muscular espinal, en el caso del pequeño Alonso Mansilla fue el Minsal que voluntariamente proprio adquirió y aplicó el medicamento Spinraza.
Sin embargo fueron sólo dos dosis las suministradas hasta que la unidad de control interno cuestionó el gasto y ordenó al Servicio de Salud Metropolitano suspender el tratamiento que se otorgaba a través del Hospital Calvo Mackenna, medida que hoy pone en peligro la vida de su hijo, subrayó Sebastián Mansilla.
“Todo esto es retroceso, de no recibir tratamiento él cada día va perdiendo neuronas motoras”, señaló el padre.
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Conociendo la labor que el Colegio de Abogados de Concepción había desarrollado con otros menores afectados por la extraña enfermedad, es que los padres de Alonso, oriundos de Angol, pidieron la asesoría legal y presentaron un recurso de protección que busca reponer el tratamiento.
El expresidente del gremio, Marcelo Parodi, expresó su confianza en obtener un fallo a favor, considerando – dijo – que el propio hospital ha señalado la necesidad del medicamento para el bebé.
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El padre del lactante lamentó el pronunciamiento de la Contraloría del Minsal, esperando que la Corte de Apelaciones capitalina revierta esa resolución administrativa y su hijo comience nuevamente el tratamiento.
“Lo encuentro insólito la verdad (…) (esperamos) que falle a favor de nosotros, en este caso de nuestro hijo. Es lo que rogamos todos los días y a cada instante”, agregó.
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El costo del medicamento Spinraza, a través de las cuatro dosis iniciales, tiene un costo por sobre los 400 millones de pesos, costo que en los 30 casos representados por el Colegio de Abogados de Concepción ha sido obligado al Ministerio de Salud y Fonasa.
En primera instancia se informó que la orden fue emitida por Contraloría, sin embargo después se aclaró que se trata de la Contraloría del Ministerio de Salud.