Les tomaron el fundo. Hace años no pueden recuperarlo, pero les cobran las contribuciones hasta con intereses.
Denunciaron, pero su reclamo no avanza, han pasado 5 años y quieren desalojar a la comunidad mapuche que usurpó su terreno de 43 hectáreas en Collipulli, región de La Araucanía. "Lo que más me dolió, fue ver cómo talaron un sendero de cipreses centenarios que ya en el año 1934 existían cuando mi abuelo compró el predio", se lamentan.
Algo insólito es lo que vive la familia Tima, quien desde hace 6 años debe pagar las contribuciones por un terreno en Collipulli que desde 2016 fue usurpado y está en manos de una comunidad mapuche.
Presentaron denuncia en Fiscalía el mismo año, sin embargo, hasta hoy no hay avances respecto del desalojo, pese a las constantes consultas que han realizado al ente persecutor desde ese mismo año, desde donde en enero de 2021, incluso le informaron que debía interponer una nueva denuncia. ¿La anterior? Estaba archivada.
Con evidente molestia, la familia afectada presentó otra denuncia en febrero de este año, para solicitar una vez más que los extraños fueran desalojados del lugar.
No obstante, hasta ahora todo está en veremos.
Es más, en abril de este año, los denunciantes debieron pagar más de 700 mil pesos en contribuciones por un terreno en que el “uso y el goce” se ve desde lejos.
“Es muy injusto todo y no podemos hacer nada, estamos de brazos cruzados”, dice la familia.
Denuncia ante el MP
La misma familia explica que el terreno de 43 hectáreas, llamado Fundo San Antonio, fue adquirido en 1934 y se ubica a la altura del Km. 569 de Ruta 5 Sur, a 2.5 km al norte del pueblo Collipulli, colindante con la carretera.
En su denuncia afirman que, en marzo de 2016, ingresó al terreno un grupo de 30 personas liderados por un lonco, quienes instalaron improvisadas rucas en lugares estratégicos, impidiendo el ingreso de sus propietarios, e incluso, despacharon al trabajador que realizaba faenas en el campo.
Mario Tima, uno de los miembros de la familia afectada, indica que en el lugar instalaron un letrero con el nombre de la comunidad “Kollu Mamul Mapu”.
“Una comunidad recién creada para este fin, puesto que todos ellos pertenecían anteriormente a otra comunidad a la cual el Estado de Chile ya les había entregado tierras, debiendo renunciar a esa comunidad con la finalidad de conformar una nueva para seguir consiguiendo de esta manera nuevas tomas y por ende nuevos terrenos”, asegura Tima.
Inmediatamente ocurrida la toma, Tima confirmó que presentaron una primera denuncia ante la Fiscalía.
“Existe además una nueva denuncia por el delito de incendio con peligro para las personas y bosques vecinos, debido a que realizaban continuas fogatas en tiempo de verano habiendo altísimas temperaturas con el riesgo que ello conlleva”, agrega.
La familia confirmó que en mayo de 2016 presentó una tercera denuncia por el delito de usurpación no violenta y solicitaron el desalojo, además de custodia policial policial para poder desarmar una casa patronal ubicada en el lugar, que estaba semidestruida debido a que la comunidad utilizaba la madera de raulí de la misma para construir sus propias viviendas.
“El 10 de mayo de 2016 me llega una carta de la Fiscalía, firmada por el fiscal Héctor Leiva Martínez, indicando el archivo temporal de la causa. Sin perjuicio de lo anterior si el Ministerio Público o las Policías obtienen mayores antecedentes, el caso se reabrirá”, añade.
Tima recibió otra carta del Ministerio Público un año después, a fines de abril de 2017, donde se le confirmaba también el archivo temporal de la segunda denuncia.
¿Madera robada?
El afectado explica que el terreno ha sufrido deforestación principalmente a través de la extracción ilegal de madera.
“Con el paso del tiempo, los integrantes de esta Comunidad, se repartieron las tierras conformando distintos sectores donde fueron construyendo sus casas, corrales para animales, acopios de metros rumas de madera de Eucalipto que son robadas sistemáticamente a las forestales colindantes (Mininco y Monteaguila), sin que éstas hagan absolutamente nada a vista y paciencia de cómo les roban. No me explico cómo camiones cargados con grandes troncos puedan transitar por las carreteras de Chile con madera robada ¿Quién se las compra?.”, dice.
La familia Tima, desesperada, contactó en octubre de 2017 al entonces diputado José Antonio Kast para que los ayudara, sin embargo, tampoco hubo avances.
A fines del año pasado, el perjudicado pudo hacer un recorrido por su terreno y, según él, el daño es irrecuperable.
“Han destrozado y robado madera de bosques de aromos y nativos que aparentemente por fuera se ven intactos, pero al ir internándose, te percatas que por dentro han sido mutilados indiscriminadamente. Pero lo que más me dolió, fue ver cómo talaron un sendero de cipreses centenarios que ya en el año 1934 existían cuando mi abuelo compró, dejando solamente los gigantescos troncos enraizados que dan testimonio a lo que existía”, dice.
Tima ha tomado fotos y videos de todo el daño para la causa que lleva Fiscalía.
También afirma que el 8 de febrero pasado fue de nuevo a Fiscalía a solicitar el desalojo, con más antecedentes en la mano, como el material audiovisual, sin embargo, le respondieron que la causa de 2016 fue archivada, por lo que debía presentar una nueva denuncia.
“Se me indica que no pueden recibir los antecedentes que aporto debido a que la causa por ser muy antigua ya se archivó y debo realizar una nueva denuncia en Carabineros para comenzar todo de cero. No me explico por qué las cartas tipo que enviaba el fiscal Héctor Leiva (actualmente destinado en Temuco) decían si hay nuevos antecedentes que aportar la causa se reabriría”, afirma Tima.
Sobre los responsables de la usurpación, Mario Tima dice que hoy la comunidad original, al parecer se dividió, y en una última visita al terreno tuvo un encuentro con el comunero Juan Tori, quien le habría explicado la nueva configuración de los responsables de la toma.
Pago injusto
María Tima, otra integrante de la familia denunciante, tía de Mario, explica la injusticia que han debido enfrentar debido al pago de contribuciones, en que el Estado ha hecho “oídos sordos”, frente a la toma del predio.
“El Fundo San Antonio está tomado desde hace 6 años. Se han ingresado a Fiscalía 4 denuncias solicitando el desalojo sin haberse concretado hasta la fecha. Las contribuciones se pagaron oportunamente hasta el 2020, pero como el fundo no se sustenta económicamente debido a la toma, las congelamos ese año, en espera que hubiese una condonación de parte del Estado, por estar en toma”, asegura.
En la misma línea, dice que “en abril de este año, recibimos notificación de esta deuda, que ascendía 732 mil pesos, con un interés del 30% por cada cuota”.
BioBioChile intentó hablar con uno de los líderes de la toma, sin embargo, no pudo ser localizado.
Desde Fiscalía aseguran que, dado que hay familias que llevan más de 5 años viviendo en el terreno, pidieron un informe a la Policía de Investigaciones y está a la espera de esa documentación para solicitar al tribunal el desalojo.
Sobre la denuncia puesta en 2016, informaron que está finalizada, que es una causa antigua, archivada, y cuyo contenido no se puede revisar en el sistema online.
En todo caso, también afirmaron que en lo que va de este año han ingresado 94 denuncias por usurpación de terrenos y en todo el 2020 hubo solo 100 presentaciones.
Se atribuye a Séneca, filósofo, político y pensador, la frase: “Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”.
