Una investigación de oficio abrió el Ministerio Público por una serie de amenazas que recibió el juez que dictó la medidas cautelares contra Martín Pradenas, formalizado por abuso sexual y violación, entre ellas el que afectó a Antonia Barra, joven que se suicidó en 2019 en la región de La Araucanía.
Esto, luego que el magistrado Federico Gutiérrez, quien dirigió la audiencia de formalización, descartara la prisión preventiva en contra del acusado y ordenara el arresto domiciliario total, arraigo y la prohibición de acercarse a las víctimas.
Resolución que fue ampliamente cuestionada por quienes seguían la formalización y que llevó a la Fiscalía a presentar un recurso para revertir tanto la cautelar como la prescripción de dos hechos investigados.
Así, una vez finalizada la instancia, el juez fue blanco de múltiples publicaciones por redes sociales, por lo que el Ministerio Público dispuso la protección policial.
A lo anterior se suma, según información recabada por Radio Bío Bío, una denuncia presentada por la familia Pradenas luego de recibir amenazas vía WhatsApp.
Situación que también habrían experimentado algunos testigos del caso, quienes acusaron hostigamientos.
Para ambas denuncias la Fiscalía estableció medidas de protección.
