Durante los últimos años se han conocido diversos casos de adopciones ilegales en dictadura. En muchos de ellos, las mujeres llegaron a centros asistenciales para tener a sus bebés, sin embargo, terminaron saliendo solas en medio de una nube de incertidumbres.
En otros, los menores tenían días cuando fueron arrebatados de los brazos de sus progenitoras.
Así le ocurrió a Sara Jineo, mujer mapuche de Temuco, cuyo caso fue dado a conocer por el medio internacional BBC News.
Según dijo Sara, llegó en 1988 hasta el hospital de la capital de La Araucanía, para que le hicieran exámenes de sangre a su hijo Camilo. El pequeño tenía apenas cuatro días.
“Me engañaron”, señaló la mujer. La encargada de realizar el procedimiento tomó a su hijo en brazos y se lo llevó. Nunca volvió a ver a Camilo.
“Busqué por todo el hospital y fui afuera, le pedí ayuda a un carabinero, él me miró, rió y dijo que estaba loca”, manifestó Sara.
Han pasado 30 años y sigue buscando a Camilo. Según le dijo un taxista local, una mujer llevó a un bebé llorando directo al aeropuerto, el mismo día que desapareció su bebé, con la misma manta que tenía envuelto a su hijo. Ella está convencida de que se lo llevaron al extranjero.
Separadas de sus hijos por el Gobierno
En Chile son miles de casos iguales a los de Sara. En otros, los bebés fueron arrebatados apenas nacieron, sin lograr tener un vinculo con sus madres.
Hasta octubre de 2018, los casos de adopciones ilegales en dictadura superaban los 7.500.
La fundadora del grupo Hijos y Madres del Silencio, Jeanette Velásquez, dijo al medio internacional que durante la dictadura se buscó eliminar la pobreza extrema, principalmente en niños, enviando a los recién nacidos a países como Holanda, Estados Unidos, Suecia o Alemania.
Trabajadores sociales, enfermeras, doctores, abogados y agencias internacionales de adopción estaban envueltas en dichas situaciones irregulares.
“Algunas mujeres me cuentan historias horrorosas acerca de cómo estaban amamantando a sus hijos cuando se los quitaban de sus brazos. Hubo mucha violencia”, agregó Jeanette.
Un caso de reencuentro
La madre de Alejandro Quezada tenía 14 años cuando tuvo a su bebé en una casa de Valdivia, en la región de Los Ríos.
Según consigna BBC News, llevó a su hijo a un centro asistencial para un chequeo. Le dijeron que estaba enfermo, se lo llevaron y nunca volvió.
La respuesta que recibió del recinto es muy parecida a otros casos que se han hecho público. Le manifestaron que su bebé murió y que el cuerpo fue eliminado.
Alejandro dijo que a su madre le pusieron una inyección a raíz del llanto desconsolado. No despertó en tres días.
En 1979 el pequeño fue llevado a los países bajos. Años más tarde comenzó a reconstruir la historia de su caso.
Él fue adoptado por una pareja holandesa de la generación Flower Power, que buscaba ayudar a países pobres. Según le dijeron su padrea adoptivos, su madre lo entregó voluntariamente en adopción.
“Durante mis años de adolescencia, yo tuve muchos cuestionamientos acerca de mi identidad”, dijo Alejandro al medio, pese al amor y aprecio que siente por sus padres holandeses.
A los 17 años viajó a Chile para conocer a su madre biológica. Pese a la emoción, fue frustrante no poder comunicarse con ella, a raíz de la diferencia de idiomas.
Alejandro aprendió español y a los 30 años recién supo que su madre nunca quiso renunciar a él, pero le habían dicho que estaba muerto.
Luego de esto, él fundo la organización Chilean Adoptees Worldwide, para ayudar a otras personas a buscar a sus padres biológicos.
Bebés, víctimas de la dictadura
Al día de hoy, son pocos los casos donde los bebés, ahora adultos, han logrado contactarse con sus familias biológicas.
Lucha por la cual muchas agrupaciones trabajan para recabar datos y conocer los paraderos de los menores.
Jeannet Aguilera, vocera de las madres víctimas de adopciones irregulares en la provincia de Bío Bío, manifestó en noviembre de 2018 que comenzaron los trámites para que los bebés que fueron arrebatados de sus madres, sean considerados como desaparecidos en dictadura.
Según explicó a Radio Bío Bío, lo que se quiere no es conseguir dinero por concepto de reparación, sino ayuda para costear los exámenes de ADN, a los que se someten mujeres como ellas e hijos adoptados para reencontrarse.
El ministro en Visita, Mario Carroza, está a cargo de liderar las indagatorias en casos de adopciones irregulares durante la dictadura, junto al ministro Jaime Balmaceda Errázuriz.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos cifró en cerca de tres mil las denuncias por adopciones ilegales, sin embargo, la agrupación Hijos y Madres del Silencio señala que fueron cerca de 20 mil las niñas y niños enviados fuera de Chile.
