Una orden de detención despachó el Juzgado de Garantía de Temuco, para un empresario que no se presentó a una audiencia en la que se le comunicarían cargos por fraude al Fisco por más de 400 millones de pesos.
Se trata del empresario, Ignacio Andrés Molina Burgos, quien según precisó la jueza de Garantía, Luz Mónica Arancibia, fue notificado personalmente de la audiencia que se agendó para este lunes, en la que el Ministerio Público, a través del fiscal Cristián Crisosto, le comunicaría los hechos por los que está investigado.
Sin embargo, el imputado no llegó al tribunal por lo que el fiscal pidió la respectiva orden de detención, la que fue derivada a la Policía de Investigaciones.
En la causa ya están formalizados: Carla Francisca Serra Beltrán, domiciliada en Angol, Raúl Eduardo Pinto Fuentes, domiciliado en Villarrica, ambos funcionarios públicos e inspectores Fiscales de la Dirección Regional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, además de la empresaria Antonia González Fuentealba, todos en libertad pero impedidos de abandonar el país y sujetos a firma ante Carabineros.
En la causa se precisa que durante el 2016, la Dirección Regional de Vialidad de La Araucanía adjudicó a la empresa Constructora Inmobiliaria “IM” Limitada, el contrato “Conservación Caminos de acceso a Comunidades Indígenas, comuna de Lumaco, provincia de Malleco, Región de la Araucanía”.
Según la Fiscalía, los imputados -tanto inspectores fiscales como empresarios- se coludieron para informar a la Dirección Regional de Vialidad sobre la ejecución efectiva de determinadas obras del contrato ya aludido, por lo que se cursó el respectivo pago, pese a que en realidad los trabajos no se ejecutaron generándose el fraude al Fisco por más de 400 millones de pesos.
