En acuerdo quedó la decisión de la Corte Suprema, tras la audiencia especial para evaluar el cumplimiento de la sentencia en contra de Chile, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Norín Catrimán y otros”.

La citada audiencia fue agendada por el máximo tribunal del país, para discutir la forma en que se dará cumplimiento a la parte de la sentencia que ordenó dejar sin efecto el fallo del Tribunal Oral en lo Penal de Angol, que condenó a Segundo Aniceto Norín Catrimán, Pascual Pichún Paillalao, Víctor Manuel Ancalaf LLaupe, Florencio Jaime y Juan Patricio Marileo Saravia, además de José Huenchunao Mariñán, Juan Ciriaco Millacheo Licán y Patricia Troncoso Robles, la mayoría por delitos terroristas.

El presidente de la Corte Suprema, el ministro Haroldo Brito, dijo que el tribunal busca alcanzar una resolución en cuanto al cumplimiento, falta de cumplimiento o supuesta falta de cumplimiento.

En primer lugar alegó el fiscal Xavier Armendariz, fiscal regional Metropolitano Norte, quien contextualizó su alegato en las causas falladas en los años 2003 y 2004, en contra de las ocho personas ya citadas por las que el organismo internacional condenó al Estado el 29 de mayo de 2014.

Armendariz manifestó su postura de cumplimiento de la sentencia internacional, por medio de una revisión del fallo, un recurso de amparo o acogerse a la figura jurídica denominada Exequátur, reconociendo la ejecución u homologación de la sentencia internacional.

Además intervinieron abogados del Ministerio del Interior y de la empresa forestal Mininco en calidad de querellantes, a quienes se sumaron los defensores de los ocho requirentes que fueron condenados en los años ya citados.

La audiencia concluyó con la intervención del abogado defensor penal privado, Jaime Madariaga, quien representa al ya fallecido lonco, Pascual Pichún.

En los días previos, el vocero de la Corte Suprema, el ministro Lamberto Cisternas, anticipó que el tribunal evidentemente está en la línea del cumplimiento y se quiere abrir camino para que exista algún procedimiento, aunque sea regulado internamente por la corte, para cumplir las sentencias del tribunal internacional al cual está adscrito el Estado de Chile.

Además precisó que en nuestro país no existe legislación sobre la materia.

Una vez que se de a conocer el veredicto, los ministros tendrán 20 días para informar su sentencia, la que en todo caso será inédita en la historia judicial chilena.