Los hechos derivados de la fallida Operación Huracán y la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca, marcaron la cuenta pública del fiscal regional del Ministerio Público en La Araucanía, Cristián Paredes.

En su intervención, el abogado recordó que el caso Huracán fue detectado por el equipo de fiscales que lidera en la región.

Paredes enfatizó que el equipo de fiscales abrió una causa penal y aplicó la decisión de no perseverar en la investigación original contra los imputados, a quienes se descubrió se les había implantado pruebas.

En relación a este mismo caso, Paredes precisó que se pueden sacar tres lecciones: la importancia de que exista una Fiscalía autónoma, que dirija las investigaciones penales en toda su extensión; la capacidad para desarrollar pericias de forma independiente; y que exista un estado de derecho que no tolera que se persiga a cualquier costo y que se fabriquen pruebas para imputar a una persona.

“Se persiguen delitos, sin importar etnia, embestidura, condición social, cargo o función de quienes los cometen. No hay privilegios para nadie. Quien comete un delito debe enfrentar las consecuencias de sus actos”, dijo el persecutor.

Caso Catrillanca y violencia rural

En relación al asesinato de Camilo Catrillanca, el fiscal regional declinó pronunciarse de la intención de uno de los abogados defensores de los cuatro imputados, de exhumar el cuerpo que está en el cementerio de la comunidad Temucuicui, en Ercilla.

Paredes se refirió además a los cuestionamientos que han surgido por parte de congresistas, respecto de la implementación de medidas de protección a las víctimas de violencia rural.

Lamentó que quienes las emiten no hayan asistido a la cuenta pública, para así saber de primera fuente el trabajo que allí se estaría realizando.

Al momento, en La Araucanía hay 332 medidas de protección vigentes, de las cuales 116 son con punto fijo, ya sea permanente o parcial, anticipando que se trabaja caso a caso para optimizar los recursos policiales.