Abandonadas se encuentran las obras del puente El Cerdúo en la comuna de Pucón. La Contraloría detectó una serie de irregularidades que dieron paso a un sumario administrativo al interior de Vialidad.

El pago anticipado de obras no realizadas, la aceptación de facturas cobrando 2 veces un mismo trabajo y la omisión de multas por parte de la inspección fiscal al contratista de la obra, son algunas de las irregularidades detectadas por la Contraloría Regional al investigar el contrato de “conservación red vial” correspondiente a la obra de emergencia del puente El Cerdúo que se vio afectado por la última erupción del Volcán Villarrica.

Según el informe de investigación especial, se constató que la obra fue abandonada por la empresa Constructora y Movimientos de Tierra Monsalve Hermanos Limitada, verificándose el pago por material de enrocados de protección no ejecutados por un monto que supera los 16 millones 500 mil pesos.

Además se constató que existen multas no cobradas por la inspección fiscal equivalente a 516 UTM, es decir, más de 24 millones de pesos.

Así mismo, se advirtió que la inspección fiscal suscribió facturas de forma previa a que se aprobaran los pagos.

También se constató que se emitieron 2 facturas para un mismo estado de pago, es decir, se cobró 2 veces por un mismo trabajo.

Lo anterior permitió que el contratista accediera a la cesión de créditos a través de 2 empresas de factoring, una de las cuáles mantiene una acción judicial contra la empresa a cargo de las obras y la otra no alcanzó a entregar el monto solicitado.

Por lo anterior, la dirección regional de Vialidad deberá solicitar el reintegro de los dineros pagados por trabajos no realizados o acreditar que si se hicieron, además deberá cursar las multas omitidas por la inspectora fiscal.

El texto indica que por cada uno de los puntos señalados se deberá realizar un sumario administrativo con el fin de determinar las responsabilidades de los funcionarios involucrados.

El informe de investigación especial tiene fecha de 19 de mayo del 2017 y se da un plazo de 60 días para subsanar las irregularidades detectadas, lo que se cumple dentro de una semana.