Cuestionan al Estado por aparentemente no haber fiscalizado al establecimiento educacional que cerró sus puertas de manera inesperada en la comuna de Carahue, a principios del 2017.
Se trata de la escuela particular subvencionada San Matías que los primeros días del mes de marzo informó a su personal que entraría en receso por 1 año debido a la baja matrícula, dejando a los funcionarios a libre disposición de buscar trabajo en otro lado.
Desde entonces los docentes no reciben el pago de sus remuneraciones y cómo la administración del establecimiento no los ha despedido, tampoco han logrado cobrar el seguro de cesantía.
La planta estaba compuesta por 3 docentes: Georgina Romero, Rodomiro Huentecura y Flora Burgos quienes presentaron una demanda por despido verbal solicitando, entre otras cosas, una indemnización por años de servicio y el pago de remuneraciones de, al menos, el mes de marzo.
Así lo explicó el abogado que representa a los 3 profesores, Maximiliano Sarmiento.
El profesional asegura que el Estado actuó negligentemente por no fiscalizar que los cambios administrativos del establecimiento. Inicialmente figuraba una persona natural como sostenedora, posteriormente se transformó en una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL) actualmente el sostenedor sería una corporación sin fines de lucro.
El profesor Rodomiro Huentecura confirmó que actualmente están enfocados en conseguir el pago de sus sueldos e indemnización y aún no definen si iniciarán acciones contra los organismos encargados de fiscalizar los establecimientos educacionales por su actuar aparentemente negligente.
