Tras cuatro meses y medio desde que fueron detenidos once comuneros mapuches, la Fiscalía cerró la etapa de investigación en la causa derivada del asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay, ocurrido en la madrugada del cuatro de enero del año 2013 en la granja Lumahue de la localidad de General López en la comuna de Vilcún.
En la audiencia, celebrada en el Juzgado de Garantía de Temuco, la abogada Manuela Royo renunció a la Defensoría Penal Pública Mapuche para asumir en calidad de abogada particular y seguir representando a tres de los imputados.
El vocero de la Fiscalía Regional en La Araucanía, fiscal Roberto Garrido, precisó que agotadas las diligencias de la causa, se decidió cerrar la etapa de investigación.
Jorge Luchsinger MacKay, uno de los hijos del matrimonio asesinado y quien ha asistido a todas las audiencias derivadas del caso, destacó que se haya logrado cumplir con esta etapa y se haya cerrado la investigación.
Al inicio de la audiencia, la abogada Manuela Royo Letelier, informó a la jueza que desde ese instante renunciaba a la Defensoría Penal Pública Mapuche y asumía en calidad de privada la representación de los imputados, Sabino Catrilaf Quidel, Sergio Marcial Catrilaf Marilef y Hernán Zenen Catrilaf Llaupe.
Lo anterior impidió que asumiera en la causa y en representación de la Defensoría Penal Pública Mapuche, el abogado Sergio Ricardo Cáceres, quien si bien llegó a la Sala, no alcanzó a ingresar como interviniente.
La abogada Royo, que horas antes había sido sacada de la investigación por decisión del defensor regional subrogante, Patricio Salinas, tras su aparición en un video donde llamaba a manifestarse en contra del fiscal de la causa, Alberto Chifelle, aseveró que su salida, de la que responsabilizó al defensor público nacional, Andrés Mahnke Malschafsky, deriva de presiones políticas.
La abogada reconoció que enfrenta una situación difícil, pero aseveró que ello no se compara con los problemas que han enfrentado los familiares de los once mapuches detenidos sin pruebas.
El jefe de la Defensoría Penal Pública Mapuche, abogado Pablo Ardouain escuetamente se refirió a la decisión de la abogada Royo.
Mario Catrilaf, familiar de los imputados reiteró lo que hace diez días precisó a Radio Bío Bío el sacerdote Fernando Díaz, respecto a que previo a la detención e imputación de once comuneros, tanto la machi Francisca Linconao, como José Peralino habian asistido al Instituto Nacional de Derechos Humanos a denunciar persecución y hostigamiento, agregando que además fueron recibidos en la Defensoría Penal Pública Mapuche.
La Fiscalía tiene ahora 10 días de plazo para presentar la acusación en esta causa caratulada como incendio terrorista con resultado de muerte además de porte y tenencia ilegal de armas de fuego, tras lo cual el Juzgado de Garantía debe agendar una audiencia de preparación del juicio oral.
