En el norte del país, el Primer Juzgado de Letras de La Serena ordenó al Estado indemnizar con $90 millones a un joven conscripto que sufrió lesiones permanentes tras la explosión de un artefacto durante una marcha nocturna en Tongoy, región de Coquimbo, en octubre de 2019.

En el fallo se acogió la demanda de indemnización por daño moral presentada por la víctima y estableció que el Ejército actuó con falta de servicio, al no tomar los resguardos necesarios para garantizar la seguridad del ejercicio. La explosión ocurrió en un campo militar perteneciente a la Armada, donde el joven participaba de una instrucción.

Según la sentencia, el Estado es responsable porque no se revisó adecuadamente el terreno antes de realizar la maniobra, lo que permitió que un artefacto explosivo estallara, provocando lesiones físicas y psicológicas que afectarán de por vida al afectado.

Igualmente, se descartó que la pensión de retiro otorgada al conscripto impida reclamar una indemnización por daño moral.

“La institución no adoptó las medidas mínimas de seguridad, y la investigación interna no sancionó a ningún responsable, pese a que el explosivo no fue manipulado por miembros del batallón”, concluyó el fallo.

El tribunal determinó que los informes médicos y los testimonios presentados confirman la magnitud de las secuelas físicas y psicológicas, y que estas han causado un profundo sufrimiento al afectado, quien tenía solo 18 años al momento del accidente.