Un desplazamiento del delito ha sido el fenómeno que se ha vivido estos últimos meses en la región de Coquimbo tras el estallido social.

Situaciones nuevas que se han dado producto de la crisis y tienen que ver con el comportamiento delictivo, lo que generó que las instituciones modificaran sus estrategias y métodos de trabajo a la contingencia del país.

En conversación con diario El Día, el fiscal regional, Adrián Vega explicó que “desde que esto comenzó, que para nosotros fue el 19 de octubre, de inmediato nos dimos cuenta que hubo una gran cantidad de delitos que hacían relación con desórdenes públicos y detenciones de modo masivo respecto a delitos de desorden público”.

Una situación que evidenciaron el domingo 20 de octubre cuando desde el Ministerio Púbico debieron concurrir a tribunales y las fiscalías de La Serena y Coquimbo por el gran número de detenidos, quienes justamente tenían relación con ese tipo de delitos y saqueos.

Según datos proporcionados por Vega, desde el 19 de octubre al 20 de diciembre del 2019 hubo un total de 689 imputados controlados, eso corresponde a personas que fueron detenidas y que pasaron a tribunales con control de detención.

Una cifra menor a la cantidad de detenidos que registró Carabineros durante el estallido que asciende a 819 personas. Según ilustró Vega, “nosotros tenemos la facultad de poder dejar sin efecto ciertas detenciones cuando no tenemos los antecedentes suficientes para imputar dentro de las 24 horas”.

Dichos controles se habrían agrupado en su mayoría en los primeros 11 días del movimiento, ya que solo desde el 19 al 31 de octubre hubo 381 imputados controlados, cifra que fue bajando con el pasar de las semanas, en noviembre fueron 274 y en diciembre solo 34.

De los 689 imputados, al menos 350 habrían sido por delitos contra la propiedad, que incluye el hurto, robo en lugar no habitado y robo con fuerza, mientras que los delitos que disminuyeron casi un 40% durante ese tiempo son los robos con violencia, robo con sorpresa y robo con intimidación.

“Bajaron los robos con violencia un poco en proporción a lo que habían subido los robos en lugar no habitado, es decir como que se desplazó el delito” explicó el fiscal regional, quien añadió que en la misma fecha del 2018 se habían cometido 111 de estos delitos, principalmente robo con intimidación, mientras que desde que comenzó el estallido se han registrado 70 detenciones por este ilícito y que se habrían concentrado principalmente en noviembre.

Otra de las variaciones significativas tiene que ver con el robo en lugar no habitado que aumentó en un 400%, ya que desde el 19 de octubre al 20 de diciembre del 2019 hubo 263 casos, mientras que en el mismo tiempo del 2018 se registraron solo 63.

Respecto a los delitos en lugar habitado, que tiene que ver con los robos a viviendas, no se presentó un cambio significativo estos meses de crisis en comparación con los mismos meses del 2018.

“Por lo tanto, presumimos que personas que cometían estos delitos de robo con violencia e intimidación se trasladaron a esta materia, sin prejuicio que hubo muchos detenidos en lugar no habitado tenían irreprochable conducta anterior”.

Asimismo aseguró que todas las personas controladas fueron formalizadas, es decir, se les comunicó que se les investigaba quedando, en muchos casos, con plazos de investigación y con medidas cautelares proporcionales a la situación.

Octubre y noviembre sin homicidios

Aumento en detenidos por saqueos y desórdenes que se habrían dado principalmente los últimos 11 días de octubre y parte de noviembre, misma fecha donde no hubo casos de homicidios consignó el Fiscal.

“En períodos normales hay un homicidio cada 10 días, en La Serena, Coquimbo o en Ovalle y casi no hubo homicidios en mes y medio y ahora volvieron a aparecer homicidios”, comentó.

Este cambio se habría producido la última semana de noviembre donde habría disminuido considerablemente la cifra de detenidos en manifestaciones (34 hasta el 20 de diciembre), pero donde habrían aparecido los delitos que se presentaban de forma más regular en la región.

Perfil del detenido

Inés Rojas, defensora regional de Coquimbo, comentó que también hubo una evolución en el perfil de las personas detenidas durante el estallido social, ya que durante los primeros 15 días de crisis alrededor del 60% de los aprehendidos por desórdenes públicos y saqueos no mantenían antecedentes penales, sin embargo eso fue variando y con el pasar las semanas las personas que eran detenidas, principalmente por robo en lugar habitado, sí presentaban antecedentes.

Por su parte, el fiscal regional manifestó que “al principio el decreto de prisiones preventivas era excepción, pero a medida que avanzaba el conflicto, para noviembre las prisiones preventivas comenzaron a aumentar y lo hicieron porque hubo uno que otro que tenía irreprochable conducta anterior que se repetía cometiendo un delito en este periodo de tiempo o caía de nuevo alguien con antecedentes penales”.

Vega explicó que en 2018 hubo 4 personas que quedaron en prisión preventiva por robo en lugar no habitado, mientras que durante el estallido social se trató de 19.

Por el delito de desórdenes públicos, el 2018 no generó detenidos con prisión preventiva y estos meses de estallido dejó tres personas.

Los cambios implementados

El Fiscal Regional indicó que el Ministerio Público debió implementar tres medidas desde que comenzó la crisis.

“El primer cambio que fue fundamental fue destinar a fiscales de turno que concurriesen a las unidades policiales a primera hora, tipo 6 de la mañana, a definir todo lo que puede estar ocurriendo con ese detenido”.

Eso porque era necesario concurrir a las unidades a recoger los antecedentes para analizar los casos debido al gran número de personas detenidas por Carabineros.

La segunda medida fue declarar dos focos investigativos con la unidad de análisis criminal para concentrarse en dos temas, los saqueos o delitos contra la propiedad en periodo de contingencia y los ilícitos asociados con ley de control de control de armas y explosivos, por el uso de molotov durante las manifestaciones.

Finalmente, se refirió a las causas de violencia institucional, que corresponden a los delitos cometidos por agentes del Estado, “allí las causas fueron radicadas en dos fiscales en la región, para Ovalle, Rocío Valdivia y en La Serena y Coquimbo, la fiscal Carola Caballero. Ellas asumieron la responsabilidad de investigar con preferencia esas materias que igual aumentaron de modo explosivo”.

Detenciones

Un total de 819 personas fueron detenidas por Carabineros durante el estallido social, principalmente por los delitos de desórdenes públicos con 330 detenidos y robo en lugar no habitado con 302.

Respecto a otros detenidos durante las manifestaciones, Carabineros aprendió a 74 personas por el ilícito de receptación, 8 por daños a la propiedad, 14 por órdenes de detención vigentes, 10 por porte de arma de fuego, 13 con robo por intimidación, entre otros delitos.

El jefe de Operaciones de la IV Zona de Carabineros, coronel Francisco Espinoza, explicó que desde que comenzó la contingencia se han debido destinar funcionarios policiales exclusivamente para esta materia.

Asimismo, indicó que los lugares donde se concentraron la mayor parte de personas aprehendidas eran el casco histórico de La Serena y el sector céntrico de Coquimbo, donde se focalizaron las marchas, las que con el pasar de las semanas iban dejando cada vez menos detenidos, donde el mayor cambio se habría dado una semana antes de la navidad.

Por otro lado, de acuerdo datos proporcionados por el Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) la curva de delitos en la región disminuyó desde la semana 42 que fue cuando comenzó el estallido social a la fecha, bajando de un 6,9% a un 4,1%, esto influido principalmente por los ilícitos de lesiones y de hurto que habrían decrecido durante ese período.