Agrupaciones sociales de la región de Coquimbo acusan que con la aprobación del nuevo Plano Regulador Intercomunal (PRI) de la provincia del Elqui, se dará un impulso a la construcción en la comuna de La Higuera del proyecto minero Dominga.
El pasado jueves 27 de diciembre, el Consejo Regional aprobó por 13 votos a favor y 3 en contra el nuevo PRI, pese a las protestas de agrupaciones sociales y ambientalistas.
Los consejeros regionales respaldaron este instrumento de planificación territorial que permitirá regular el crecimiento demográfico y económico que ha presentado, en las últimas décadas, el territorio provincial generando nuevas demandas de uso de suelos disponibles.
El proceso de elaboración partió el 2012 e ingresó por primera vez para aprobación del Gobierno Regional el año 2014, iniciando luego un proceso de observaciones por parte de la Contraloría General de la República y sus respectivas correcciones, siendo aprobada por el Consejo Regional para este último envío en febrero de este 2018.
Este hecho no ha estado fuera de algunas críticas sobre todo de agrupaciones sociales y ambientales, quienes consideran que esta decisión fue tomada sin la necesaria participación ciudadana.
Por esta razón, cerca de 30 personas llegaron el jueves hasta el frontis de la Intendencia Regional, para mostrar su descontento ante este instrumento, ya que consideran que será un impulso a proyectos como el corredor bioceánico en el Valle del Elqui, y el desarrollo de proyectos portuarios como Cruz Grande o Dominga, en la comuna de La Higuera.
“Lo que busca este plan regulador es abrir camino desesperadamente a industrias contaminantes como Cruz Grande y Dominga en una zona identificada a nivel mundial como una de las más ricas en términos de biodiversidad”, sostuvo a Diario La Región, Nancy Duman, portavoz de la agrupación de Defensa Ambiental.
Por su parte el consejero del Partido Comunista, Javier Vega -quien votó en contra- puntualizó que este nuevo plano regulador perjudicará algunos sectores rurales de la zona y sobre todo a sus habitantes.
“Yo escuché la voz de las agrupaciones, sobre su preocupación por el tema medioambiental, pero no sólo eso, ya que este Plano Regulador Intercomunal pone a las zonas rurales en sacrificio para el desarrollo de las ciudades, dejando de lado la opinión de las propias comunidades involucradas”, detalló la autoridad.
En la otra vereda, el consejero de Renovación Nacional, Marcelo Castagneto -que votó a favor- señaló que se debe acatar la normativa, sobre todo en relación a cuales son áreas protegidas.
“Mientras no exista un decreto o una Ley que regularice y señale cuales son las áreas protegidas, no podemos especular a la hora de tomar este tipo de decisiones. Las opiniones pueden ser muy diversas, se han realizado instancias, pero eso no ha quedado en nada, ya que mientras no exista un documento que lo acredite, no existe validez sobre qué zona es protegida y cual no lo es”, precisó.
