Continúan los ajustes en las comunas de La Serena y Coquimbo respecto a los funcionarios a honorarios que prestan servicios en los diversos departamentos municipales.

En el caso de La Serena, habían más de 770 funcionarios a honorarios, lo que actualmente ha disminuido en casi 100 personas. Mientras que en el municipio de Coquimbo, donde existen más de 1.400 funcionarios a honorarios, se trabaja por la no desvinculación de 800 personas y se han rebajado remuneraciones.

La Serena

Tras el reportaje realizado por diario El Día a fines de enero, en el cual se realizaba un pormenorizado informe respecto a la contratación como honorarios de cientos de personas en ambos municipios, que significaban un gasto anual sobre los cuatro mil millones de pesos en cada comuna, el alcalde Roberto Jacob señaló que ha sido un tema de revisión constante en la municipalidad serenense.

A fines de diciembre ya se habían desvinculado cerca de 20 personas y a comienzos de enero se renovó contratos por dos meses para luego definir quienes continuaban o eran desvinculados. Según la página de transparencia municipal si en el mes de diciembre existían 764 funcionarios a honorarios, en enero eran 624, pero en febrero aumentaron a 655. Las desvinculaciones se han realizado en diversas áreas, como delegaciones municipales, departamento de tránsito y seguridad.

Personas que fueron removidas de sus cargos indicaron que a pesar de los dichos de Jacob de desvincular “a quien no cumple su labor”, la gran mayoría eran personas que estaban encargadas de la relación directa con la comunidad y la resolución de problemas ciudadanos. Además, acusaron que los cargos con mayor sueldo y pertenecientes a partidos políticos continúan sin ser un aporte concreto en el municipio. Por otra parte, muchos de ellos se están organizando para realizar las demandas correspondientes respecto a despido injustificado y no pago de indemnizaciones.

Roberto Jacob sostuvo que las desvinculaciones continuarán, considerando que se encuentran en un proceso de reducción de gastos de aquí al 2020, debido a la millonaria deuda que mantienen.

“Venimos desvinculando desde diciembre y hemos hecho una reducción de 45 a 50 funcionarios. Ahora se renuevan todos los contratos, pero cuidado, porque esto no significa que aquí se paró. Yo voy a revisar mes a mes y el funcionario que no cumpla o no responde a las expectativas que tenga el municipio no continúa”, agregó Jacob.

El edil explicó que este tema junto a otros gastos y acciones del municipio serenense se están revisando en la comisión de hacienda de los concejales que integran Alejandro Pino, Ramón González y Jocelyn Lizana, quienes deberán entregar una propuesta de reducción de gastos al alcalde en las próximas semanas.

“Todo lo que a mí me manden me pueda servir como insumo. Pero de aquí en adelante estamos en reducción absoluta de la deuda, pero no significa que vamos a dejar de hacer cosas”.

Una caja negra

Según las cifras de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) el 70% de los gastos de un municipio está relacionado con la contratación de personal a honorarios, que son el 75% de todos los trabajadores.

El subsecretario Ricardo Cifuentes señaló que a cada municipalidad se le compara con una caja negra “porque no se sabe concretamente cuántas son las personas que trabajan, ya que cada uno de ellos es autónomo y no tiene que rendir cuentas a nadie”.

Detalló que con la nueva Ley 20.922 sobre el Fortalecimiento de la Gestión y Profesionalización del Personal Municipal se “prende una luz y obliga al municipio a enviar información desde el próximo año a la Subdere, que obligatoriamente debe publicarla para el conocimiento de la comunidad. Eso es potente, porque habrá claridad. Las cifras que tenemos hoy día que son preliminares, parciales, pero dramáticas y alarmantes, porque casi el 75% de toda la gente que trabaja en un municipio es gente a honorarios y eso no puede ser, porque un municipio moderno y que quiere afrontar desafíos de futuro lo primero que debe hacer es tener una arquitectura de su administración razonable.”

Agregó que existe precariedad debido a que estos trabajadores no tienen garantizada estabilidad laboral y no poseen previsión social, además de trabajar bajo el temor que un cambio de autoridad terminará con sus funciones, aun cuando su desempeño laboral fuese positivo.

Cifuentes señala que en 20 años las plantas municipales no se han modificado, considerando que la población de cada comuna ha aumentado al doble, en algunos casos, por ello esta nueva normativa permitirá modificar los funcionarios con aprobación del alcalde y su concejo y previa demostración que el presupuesto municipal permite la contratación.

“Desde que se democratizó el municipio en el 92 hasta hoy día, tienen cinco veces más facultades y recursos, pero hacen cinco cosas más y la planta quedó paralizada, quedando como única fórmula para responder a esa demanda la contratación de honorarios. Eso lo tenemos que empezar a corregir, pero el primer paso es prender la luz, es decir cuántos son, cuánto ganan, dónde están, qué hacen y cuál es el producto”.

Coquimbo

Mientras que en la comuna de Coquimbo, el alcalde Marcelo Pereira y una mesa de trabajo, que integran desde dirigentes de funcionarios municipales hasta el diputado Matías Walker, sigue revisando la situación de aproximadamente 800 trabajadores a honorarios que debían ser desvinculados, tras un dictamen de la Contraloría que exigía la contratación en este sistema sólo de personas con estudios específicos de la labor asignada. Sin embargo, desde el puerto se consideró también demostrar la especialiadad con la expertise que dan los años de trabajo, ya que muchos de estos funcionarios llevan más de 20 años trabajando en el municipio.

Pereira indicó que este posible despido masivo se sabía desde septiembre de 2016, en la administración de Cristian Galleguillos, pero que nada se había hecho, por ello “cuando asumo en diciembre es una de las primeras cosas con las que me encuentro y me reúno con el contralor y empezamos a tirar las directrices de cómo lo podíamos resolver”.

El edil porteño agregó que los trabajadores por los que está abogando son quienes realizan servicios directos a la comunidad en aseo y ornato, por ejemplo, y no quienes “ganan sueldos de 2 a 3 millones de pesos. Son los más humildes que quizás no han terminado su 4º medio, pero podemos demostrar que han trabajado 20 años. Por lo tanto, como alcalde, puedo generar un certificado de expertise y contratarlo”.

Sostuvo que este problema será resuelto en los próximos meses, así como también en el municipio funciona una comisión especial que revisa el tema de los sobresueldos de sus funcionarios que han sido el blanco de críticas especialmente de aquellos que son del círculo del edil Marcelo Pereira.