El Juzgado de Garantía de Copiapó decretó la prisión preventiva de los nueve carabineros acusados de dar protección a un contrabandista en pleno toque de queda.
La formalización de los uniformados tuvo lugar este viernes y apuntó también a dos comerciantes, quienes están implicados en una investigación que comenzó en mayo de este año por parte de la Fiscalía de Atacama.
Las pesquisas arrojaron que los policías aceptaban productos en una botillería relacionada a Mario “chino” Escuti, a quien se le vincula con el tráfico de drogas y contrabando de cigarrillos. Todo ello, a cambio de información y protección.
Según expuso durante la audiencia el fiscal adjunto de Copiapó, Luis Miranda Flores, los carabineros se comunicaban con el dueño del local de bebidas alcohólicas “Santa Cecilia” para alertar vía telefónica de controles policiales o trabajo de fiscalización del Ejército y la PDI durante el periodo de toque de queda.
Como parte de la investigación se pudo establecer además que en otras oportunidades, los ahora expolicías daban aviso al comerciante que serían ellos los que harían rondas durante la madrugada, por lo que podría comercializar sus productos sin problemas, cuestión prohibida por estar vigente el toque de queda nocturno dictaminado por parte de la Autoridad Sanitaria.
“Esta información y entrega de antecedentes, era retribuida por parte del dueño de la botillería con la entrega de bebidas energéticas, bebidas alcohólicas y cigarrillos”, dijo el fiscal.
Los delitos
Por estos hechos, la Fiscalía formalizó a cada uno de los uniformados por el delito consumado y reiterado de cohecho, mientras que en el caso del comerciante y su hija fueron formalizados por el delito reiterado de soborno.
Además de ello, ambos locatarios serán indagados también por el delito de contrabando por mantener en el interior del local comercial cigarrillos ingresados de manera ilegal al territorio nacional.
Luego de más de seis horas de audiencia el juez de turno dio por acreditados los hechos materia de la investigación, con los medios de prueba presentados por la Fiscalía, indicando que la conducta de los imputados delataba una comunicación entre ellos la que calificó como una dinámica indebida y permanente.
Frente a estos antecedentes la Fiscalía solicitó la prisión preventiva para los exuniformados y el arresto domiciliario total para los civiles, medidas cautelares que fueron concedidas por el magistrado.
