La Fiscalía de Atacama formalizó la investigación en contra de la expareja de una empresaria de Vallenar, por su posible responsabilidad en los delitos de estafa reiterada, lavado de dinero y maltrato habitual en contra de la mujer.

De acuerdo a lo conocido en la audiencia de formalización de cargos, asumida por el fiscal jefe Julio Artigas Finger, entre los años 2011 y 2017 el imputado logró concretar una defraudación de más de mil millones de pesos de la víctima, heredados de distintos derechos de propiedades mineras y otros bienes de cuantioso valor.

“…no hay justificación de fondos obtenidos por la víctima a partir de las sociedades en las que participaba por más de 3 mil 600 millones de pesos. Además, la Fiscalía indaga actos de maltrato habitual que serían constitutivos de delitos y que se habrían cometido, por parte del imputado, en el mismo periodo”, manifestó el fiscal.

De acuerdo a la investigación, la empresaria se divorció del investigado en 2008, reiniciando en los años siguientes la relación sentimental. Sin embargo, en 2011 la mujer fue diagnosticada con un trastorno cognitivo que disminuyó sus facultades mentales.

A partir de ello, el imputado, quien estaba al cuidado de la víctima, cometió distintas acciones destinadas a defraudarla a partir de la sustracción de fondos desde cuentas bancarias personales y de sus sociedades e inversiones.

El Ministerio Público también sigue una línea investigativa respecto del delito de lavado de dinero, a partir del actuar del hombre, quien conociendo que determinados dineros y bienes provenían directa o indirectamente del delito de estafa, procedió a ocultar o disimular su origen a través de una serie de operaciones que le permitieron introducir importantes sumas al sistema económico financiero.

El persecutor indicó que la Fiscalía está enfocada en investigar el daño patrimonial de la empresaria, pero también la vulneración a sus derechos fundamentales. Esto último a partir de antecedentes que indican que habría sido violentada y amenazada.

Por todos estos delitos el juez de turno decretó la medida cautelar de arresto domiciliario total en contra del imputado, mientras que luego de la solicitud del Ministerio Público se ordenó el congelamientos de distintas cuentas bancarias del imputado.

Finalmente, el Tribunal fijó un plazo de 6 meses para el cierre de esta investigación.