El Gobierno defendió los criterios de ingreso al país para ciudadanos venezolanos que, según sus proyecciones, podrían alcanzar un flujo migratorio de 300 mil personas durante los próximos meses.

822 ciudadanos venezolanos habrían realizado solicitudes de visa para ingresar a Chile la semana pasada a través del Consulado de Tacna. No obstante, según cifras del Ministerio del Interior, sólo 112 fueron concedidas.

La mayor parte de los solicitantes fueron derivados desde el paso fronterizo de Chacalluta, en el límite con Perú, por no cumplir con los antecedentes y la documentación que establece la política migratoria chilena, incluyendo la visa de responsabilidad democrática.

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, reiteró el compromiso del Ejecutivo con brindar apoyo humanitario a los ciudadanos venezolanos, pero sostuvo que su ingreso debe hacerse en forma ordenada, acorde a la ley.

“Hemos recibido a 400 mil ciudadanos venezolanos en nuestro país y establecimos una visa única y especial que no se tiene con ningún otro pueblo, que es la visa de responsabilidad democrática, para efectos de poder garantizar, poder acceder a mejores condiciones de vida”, señaló.

“Tenemos una legislación que nos establece cuáles son los requisitos de ingreso al país y nosotros vamos a dar cumplimiento a la ley”, advirtió.

Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, a través de un comunicado, solicitaron al Gobierno garantizar el derecho a la solicitud de visas y condición de refugio, flexibilizando los requisitos de ingreso, considerando las circunstancias políticas y humanitarias en Venezuela.

El jefe de la Unidad Jurídica del INDH, Rodrigo Bustos, aseguró que trasladar a los solicitantes que estaban en Chacalluta hasta Tacna, no resolvió el problema de fondo respecto a las vulneraciones humanitarias de los afectados.

“Simplemente se trasladó el problema a Tacna, muchas de esas personas están a la intemperie. Y por otra parte, nosotros pudimos observar la falta de atención humanitaria y también la vulneración de derechos humanos, especialmente en el rechazo de solicitudes de refugio por parte del personal de la Policía de Investigaciones en frontera”, señaló.

El senador socialista, José Miguel Insulza, llamó a implementar medidas transitorias para quienes se encuentran en la frontera mientras solucionan su eventual ingreso al país, y advirtió que la actual política migratoria contradice el discurso del Ejecutivo.

“Hay que buscar soluciones de transición, ya sea a través del refugio, ya sea a tavés de salvoconducto, para que estas 400 personas puedan salir del trance en que se encuentran”, opinó.

“Ciertamente la visa de responsabilidad democrática, que generó una obligación, alguna restricción había que poner. Lo malo es que hicimos muchas promesas, yo hubiera preferido conversando una política migratoria común”, sostuvo.

La presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, enfatizó en que el creciente flujo migratorio proveniente desde Venezuela requiere establecer controles que condicionen su ingreso al país.

“La migración desde Venezuela es altísima y por lo tanto que puedan entrar aquellos que vienen a cooperar y desarrollar a nuestro país, pero no se puede dejar entrar personas que tengan antecedentes penales”, afirmó.

El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, confirmó que las estimaciones del Gobierno anticipan una migración de 300 mil ciudadanos venezolanos hacia Chile, durante los próximos meses.