El Tribunal de Garantía de Antofagasta decretó la reapertura de la investigación por el Caso Main, a pesar de haber sido comunicado el cierre por parte de la Fiscalía, y fijó una audiencia de apercibimiento de cierre de investigación para el 7 de julio a las 9:30 horas.
En dicha oportunidad se discutirá el sobreseimiento definitivo (solicitado por la Defensa) para los imputados Héctor Gómez y Edgardo Vergara. También, se analizarán las medidas cautelares reales formuladas por el Consejo de Defensa del Estado.
Al respecto, el fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar Aranela, detalló que “en la Fiscalía ya se habían tomado previamente las declaraciones de José Miguel Izquierdo, Mauricio Peldosa y Mauro Robles y que nuevamente fueron solicitadas por la Defensa. En tanto, Carlos Cantero no había prestado declaración, a pesar de haber sido citado por la Fiscalía”.
“Con esta medida, la audiencia del cierre del caso se tuvo de aplazar para esta nueva fecha”, explicó, respecto del caso en el cual también está imputada la alcaldesa Karen Rojo.
En tanto, durante la audiencia, todas las partes indicaron su preocupación porque el próximo 15 de junio del 2020 vence el plazo absoluto de dos años para el cierre de la investigación, decretada por el artículo 247 del Código Procesal Penal.
Sin embargo, el Fiscal Aguilar aclaró que “como lo solicitó la Defensa, ese nuevo plazo no perjudica a los imputados y por lo tanto, se extiende el periodo de la investigación de la causa”.
El caso
Entre 2015 y 2016, la Municipalidad de Antofagasta contrató, a través de la Corporación de Desarrollo Social, los servicios de la Consultora Main, empresa propiedad de José Miguel Izquierdo, exasesor del presidente, Sebastián Piñera, en su primer periodo.
Sin embargo, según el fiscal a cargo de la indagatoria, Cristián Aguilar, la firma nunca habría realizado los trabajos por los cuales oficialmente se le había pagado, más bien habría asesorado a la alcaldesa Karen Rojo para conseguir su reelección.
Por estos hechos, Rojo e Izquierdo, junto al exsecretario de la corporación, Edgardo Vergara, y el administrador municipal, Héctor Gómez, fueron formalizados por el delito de fraude al fisco. La alcaldesa además fue reformalizada y el fiscal Aguilar le sumó el delito de negociación incompatible.
