A través de un informe la Contraloría General de la República reveló una serie de irregularidades que ocurrieron en el Vertedero Municipal La Chimba en el periodo 2017-2018. Por esa razón, se ordenaron medidas y el inicio de un procedimiento disciplinario al interior de la Municipalidad de Antofagasta.

Tras una denuncia anónima apoyada por los concejales de la comuna, Doris Navarro y Camilo Kong, el órgano contralor detectó varios incumplimientos en el contrato que firmó la casa edilicia con la empresa que se encargó de administrar el vertedero en el periodo mencionado.

En concreto, la Contraloría logró constatar que “la Municipalidad de Antofagasta no efectuó el cobro de multas a la empresa QuimirAnka SpA, por inasistencias de personal sin justificación, incumpliendo con la dotación mínima ofertada”.

Según añade el informe, por esa razón el municipio “en virtud de sus argumentos esgrimidos en su oficio de respuesta”, deberá acreditar ante la sede regional de la Contraloría, y documentalmente, el cumplimiento estricto de lo ofertado por la empresa contratada en un plazo inferior a 30 días hábiles.

En caso contrario, la municipalidad antofagastina deberá efectuar el cobro de las multas en contra de la empresa que supera los $230 millones. De no realizar aquello, la Contraloría llevará al municipio al Juzgado de Cuentas.

En paralelo, el órgano fiscalizador detectó que la municipalidad pagó indebidamente $7 millones 444 mil a la empresa a cargo de la administración del vertedero La Chimba tras calcular mal las horas utilizadas en maquinarias y equipos. Por ello, se le ordenó acreditar en un plazo de 30 días hábiles la devolución del dinero por parte de la compañía involucrada.

Asimismo, tras una fiscalización en terreno realizada en el Vetedero Municipal La Chimba, se constató el incumplimiento de contrato del tipo sanitario, tras encontrarse con “deficiencias en el método de compactación y cubrimiento diario de los residuos en la zona adyacente al frente de trabajo”, indica el documento.

Entre otras irregularidades, se comprobó que la falta de medidas de prevención y control de aves provocaba “la ocurrencia de cortes eléctricos en el recinto”. Sumado a eso, se descubrió el incumplimiento “de la altura de los pretiles del mirador del vertedero y la falta de limpieza en los sectores externos del vertedero, en un radio de 2 kilómetros”. Estas irregularidades deberán ser resueltas por el municipio en 60 días hábiles.

Por último, la Contraloría ordenó que se instruya un proceso disciplinario dentro de la casa edilicia a fin de establecer eventuales responsabilidades de funcionarios que pudieron estar involucrados en los hechos.