Desde hace un par de años, una mesa técnica de trabajo entre Carabineros y el Ministerio de Bienes Nacionales estudiaba la exclusión de menos de 500 metros cuadrados del excentro de detención Providencia, en la comuna de Antofagasta, recinto que durante 1973 y 1986 fue utilizado como lugar de torturas y lugar clandestino de capturas. Lo anterior, con el objetivo que ese sector fuera administrado por organizaciones de Derechos Humanos como un sitio dedicado a la memoria.
No obstante, la institución policial se retractó y abiertamente se negó a ceder esa parte del edificio, lo que provocó la molestia de la titular de la cartera, Nivia Palma, quien calificó la postura como “incomprensible”.
“Estábamos pidiendo la exclusión de sólo 500 metros cuadrados, sin tocar a la comisaría, permitiendo que perfectamente pudieran continuar con sus funciones, y ahora nos dicen que no, luego de un trabajo de años de la mesa técnica, con todos los actores: Carabineros, Justicia, Bienes Nacionales, Intendencia, y la agrupación”, enfatizó Palma.
Según precisó la secretaria de Estado, el lugar, en el cual se desempeñaron agentes de Estado de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y de la Central Nacional de Inteligencia (CNI); fue declarado monumento nacional en la categoría de monumento histórico, por lo cual “debía ser entregado en administración como sitio de memoria mediante concesión gratuita a la Agrupación por la Memoria Histórica Providencia-Antofagasta”, posibilidad que ahora se ve truncada tras esta decisión.
“Desde que asumimos como Gobierno, y como parte de la política que nos planteó la presidenta Michelle Bachelet en materia de Derechos Humanos, ese inmueble fiscal fue identificado como parte del trabajo desarrollado por el Ministerio de Bienes Nacionales para recuperar sitios de memoria”, detalló Palma, lo que la llevó a sentir “una profunda molestia”, indicaron desde el ministerio a través de un comunicado.
