El Juzgado de Garantía de Antofagasta formalizó este jueves a dos reconocidos abogados por el delito de prevaricación, ya que se presume que abusaron de forma deliberada de su oficio, perjudicando a su propio cliente, la Inmobiliaria San Lorenzo S.A. formada por jubilados de Codelco.
En total serían más de 70 personas las afectadas, todos adultos mayores que a través de la esta entidad consiguieron terrenos para construir sus casas para la vejez en la población Coviefi, sin embargo a la fecha, y tras 40 años, aún no se concretan. Terrenos, que de acuerdo al avalúo fiscal, superan los 10 mil millones de pesos.
J.V.M. y C.R.R. son dos reconocidos abogados de Antofagasta a quienes se le imputó el delito de prevaricación.
Según los antecedentes entregados por los propios afectados, los formalizados habrían abusando en forma deliberada de su oficio, perjudicando, entre los años 2012 a 2014, a su cliente Inmobiliaria San Lorenzo S.A., conformada por jubilados de Codelco.
De acuerdo a lo que señaló el abogado querellante, Alejandro Espinoza, los acusados en representación de los exmineros establecieron comisiones que exceden los valores de mercado y clausulas penales por incumplimientos fuera de toda lógica comercial.
“En conocimiento que estas multas se iban a hacer efectivas y se han puesto de acuerdo para defraudar a sus clientes. La multa que se estableció ascendió a la suma de 1800 millones de pesos”, manifestó.
En este sentido, la multa verificada en una quiebra de la inmobiliaria afectada ascendió a $1.800 millones, sin embargo gracias a una orden de la Corte Suprema quedó sin efecto.
A juicio de la Fiscalía estos hechos son constitutivos del delito de prevaricación del abogado, en calidad de consumado, actuando ambos imputados como autores.
Los profesionales formalizados quedaron con la medida cautelar de prohibición de acercarse a las víctimas y se dio un plazo de investigación de 120 días.
De acuerdo a la parte querellante, el delito de prevaricación no tiene una pena alta, por lo que se recurrirá a acciones civiles por los delitos de estafa y otorgamiento de contrato simulado, con el objetivo de obtener indemnización.
