La ministra de Justicia, Javiera Blanco, subrayó que no existe ninguna irregularidad en las cuatro contrataciones que ordenó a Gendarmería y que han sido cuestionadas por la denuncia de supuestas presiones hacia ese servicio para asignaciones de cargos y ascensos.

Según reveló Radio Bío Bío y BioBioChile, a través de un oficio enviado en enero la secretaria de Estado solicitó la contratación de cuatro profesionales, a pesar de que ella misma había indicado que no tenía la facultad para ordenar esto a los directores de los servicios dependientes de su cartera.

Blanco, en conversación con los medios de comunicación, descartó renunciar a su cargo ante las numerosas críticas a su gestión. También calificó como una “inexactitud” y “falsedad” el tratamiento que se le dio al oficio que envió al entonces director nacional Tulio Arce.

Aseguró que las contrataciones de profesionales en comisión de servicio para que trabajen directamente con el Ministerio de Justicia se pueden realizar con cargo a sus servicios dependientes, en este caso Gendarmería. A esto se le denomina “cupos ministeriales“, explicó.

Sobre esto, subrayó que las personas se contrataron no para trabajar junto al director nacional de Gendarmería sino en su cartera, en el departamento de personas jurídicas. Esa es una facultad regulada por ley “que le ha asistido históricamente a los ministros en su generalidad“.

Asimismo, indicó que le llama la atención las críticas a la contratación de profesionales que han encabezado indagatorias de relevancia como la investigación a CEMA Chile y la ANFP.

“Estos cuatro funcionarios a los que se ha afectado públicamente haciendo un manto de dudas respecto de las funciones que ellos realizan, también llama la atención que sean justamente fiscalizadores que han llevado adelante investigaciones en relación a personas jurídicas sin fines de lucro”, dijo, deslizando una crítica hacia el objetivo de las recriminaciones al ministerio.

Sobre la vinculación política de los funcionarios, la ministra negó que esa haya sido la motivación para sus contrataciones ya que ellos mantienen “trayectorias públicas” y su expertise es la fiscalización.