El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la solicitud de la Fiscalía de dejar bajo prisión preventiva a los hermanos Claudio y Carlos Rodríguez, dueños de Rodríguez & Asociados y que fueron formalizados este lunes en el marco del caso de presunta estafa piramidal perpetrada por la empresa.
La decisión fue adoptada por el juez Juan Opazo, quien determinó dejar a ambos imputados bajo arresto domiciliario total y arraigo nacional.
En la audiencia, la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente estimó en 20.000 millones de pesos el fraude cometido en contra de 238 clientes y se indicó que los hermanos Rodríguez estaban conscientes de que no iban a pagar lo que prometieron.
Claudio y Carlos Rodríguez fueron formalizados por estafa reiterada, infracción a la ley de Bancos y lavado activos. Los persecutores sostuvieron que hubo publicidad para la captación de clientes a través de un portal en Internet y también con captadores. De esta forma, añadieron, se invadió el giro bancario porque operaban sin permiso para captar dineros de terceras personas.
Asimismo, los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena detallaron que la empresa aparentaba ante los clientes ser una entidad sustentable, con vigilancia de la Superintendencia de Valores y Seguros, y que además se invertía el dinero en el extranjero.
Los fiscales aseguraron que el negocio no existía y que se montaban falsas utilidades con el ingreso de más clientes a la empresa.
Además, la Fiscalía rechazó que existiera colaboración por parte de los imputados. Si bien existe una autodenuncia que data de mayo, los requeridos no indicaron ningún delito.
Para el fiscal Gajardo no había intención de retornos de dineros porque todo estaba orquestado sobre una estafa piramidal y no en un negocio real.
“El modelo de estafa, lo que implica básicamente es que los imputados desde un comienzo sabían que iba a ser imposible devolver los dineros, porque la rentabilidad que se ofrecía y que se pagaba no era obtenida con los supuestos negocios que se estaban haciendo”
En estas causas se ha utilizado por lo general una representación de víctimas mediante un procurador común, lo que fue rechazado por tribunal ante la solicitud de la defensa que pedía esta figura, escenario inédito en el caso de estas estafas piramidales.
