El proyecto de Educación Superior sólo garantizará la gratuidad para el sexto decil, luego que se estableciera que la ampliación del beneficio dependerá del crecimiento económico del país, pero también del Gobierno de turno.
El martes pasado, luego que se conociera el Imacec del mes de mayo, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, entregó la clave para comprender por qué el proyecto de Educación Superior no garantiza la gratuidad más allá del sexto decil.
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La explicación, como podría de suponerse, no tiene su base en elementos económicos los que sin duda son ambiciosos para lograr el objetivo si se toma en cuenta el escenario nacional, sino que en consideraciones netamente políticas, como lo detalló el secretario de Estado.
“Para llegar a la gratuidad para todos, es posible que la sociedad tenga que tener una discusión más profunda, respecto de si quiere destinar todos esos recursos a eso u otra cosa”, expresó.
En la práctica, el proyecto de ley fija la ruta y los plazos para llegar sólo al sexto decil, cuya cobertura se iniciará el 2018 extendiéndose hasta el 2020 y destinando para aquello 682 mil millones de pesos.
De ahí en adelante, la iniciativa indica que cuando los ingresos fiscales representen el 23,5% del PIB tendencial, en los dos años anteriores, se podrá pasar al séptimo decil.
Sin embargo, este salto no será automático. Por el contrario, dependerá de la voluntad del Gobierno de turno, avanzar en gratuidad o destinar ese dinero para otras inversiones sociales.
Este punto que fue criticado por el vocero de las universidades privadas dentro del Confech, Gabriel Iturra.
En la Nueva Mayoría han cuestionado que se pretenda financiar una política permanente por medio de una recaudación supuesta, y pidieron al Gobierno no fijar exclusivamente a la holgura económica del país el cumplimiento de la gratuidad universal, como lo detalló el senador del PPD, Jaime Quintana.
La ministra de Educación, Adriana Delpiano, quien reconoció que el aspecto financiero fue trabajado, principalmente, por el Ministerio de Hacienda y la Secretaría General de la Presidencia, llamó a los parlamentarios oficialistas a entregar otras propuestas que permitan llegar a la gratuidad universal.
Desde la UDI, el diputado Jaime Bellolio acusó al oficialismo de utilizar la reforma educacional como eslogan de campaña, y aseguró que incluso dentro del propio Gobierno no están convencidos de que el beneficio tenga que entregarse a todos los estudiantes de la Educación Superior.
