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Ministra Orellana exculpa al SernamEG de libertad condicional que alcanzó agresor de Nabila Rifo

Por Antonio González
Con información de Danilo Ormeño.

10 octubre 2025 | 00:47

Pasadas las 23:00 horas del jueves 9 de octubre, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, utilizó su cuenta de X para referirse a la libertad condicional de Mauricio Ortega, agresor de Nabila Rifo. La autoridad fustigó que “proteger la dignidad de las mujeres que han vivido violencia es responsabilidad de todas/os, hacemos un llamado a evitar actos de revictimización”.

Junto con el texto, la ministra adjuntó un video con una declaración envasada más extensa. En él, abordó de forma directa una de las acusaciones. “¿Se entregó la libertad condicional a Mauricio Ortega porque el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género no hizo su trabajo? No, eso es falso”, afirmó.

Para sustentar su postura, la ministra apeló al marco legal vigente. “Y para comprobarlo basta revisar la ley vigente. ¿Qué es lo que dice la ley respecto a las libertades condicionales? Y esta norma, además, fue actualizada y reforzada el año 2023. Por lo tanto, pasó hace poquito por el Congreso”, explicó.

Procedimiento legal de la notificación

La secretaria de Estado detalló el mecanismo que, según la ley, debe proteger a las víctimas. “La ley dice que si una persona que cometió un delito en mi contra pide una libertad condicional, yo debo ser notificada. ¿Notificada de cualquier forma? No, tengo que ser notificada de la forma en que yo elegí cuando se terminó el juicio y lo declararon culpable”, expuso la autoridad.

En el caso específico de Nabila Rifo, precisó que “esto se definió el 2017 y es vía domicilio. Y no solo eso, sino que la norma además dice que en el caso de personas con discapacidad visual, esa notificación tiene que ser especialmente accesible no solamente en su lenguaje, sino en su formato, para que podamos asegurar que la persona que sufrió el delito pueda tener la opción de manifestar su voluntad”.

La ministra fue clara en señalar ante qué autoridades debe manifestarse esa voluntad. “Ante los tribunales y la Comisión de Libertad Condicional, que es la que toma esta decisión y, por lo tanto, ¿se tomó esta decisión por responsabilidad del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género? No, porque quien debía ser notificada era la víctima y la víctima nos ha comunicado que no lo fue. Nosotros le creemos”, sostuvo.

La ministra Orellana, en su video, cerró su intervención refiriéndose a las acciones emprendidas una vez que conocieron de la libertad condicional del agresor de Nabila Rifo. “Lo que hemos hecho es hacer todos los análisis jurídicos, velar por su seguridad, informándole de todos los pasos en forma presencial. Y en tercer lugar, también buscando todas las formas en que esto se pueda mejorar”, precisó.

“Lo estamos haciendo a través de la implementación del Sistema Integrado de Información, pero esto nos muestra que aún queda mucho por avanzar”, concluyó la titular del Ministerio de la Mujer.

Requerimiento a Contraloría

Las declaraciones de la ministra Orellana surgen después de que un grupo de diputados de Renovación Nacional presentara un requerimiento ante la Contraloría General de la República. Los parlamentarios buscan que se investigue una presunta omisión institucional del SernamEG en el caso de Nabila Rifo, que habría facilitado la libertad condicional de su agresor, antecedentes revelados por BBCL Investiga.

El oficio, ingresado este jueves y firmado por los diputados Frank Sauerbaum, Carla Morales, Ximena Ossandón, María Luisa Cordero, Camila Flores y Paula Labra, solicita a la contralora Dorothy Pérez que se pronuncie sobre la legalidad de los actos del servicio. Los legisladores requieren que se determine si existió una falta de servicio que derive en responsabilidades administrativas.

Según el requerimiento de los diputados, el SernamEG no reasignó la representación jurídica de Nabila Rifo luego de la desvinculación de la abogada patrocinante. Esta situación, afirman, dejó a la víctima sin defensa legal en una etapa procesal clave, lo que impidió ejercer acciones para oponerse al beneficio carcelario solicitado por Mauricio Ortega.