En el marco de la discusión por el Presupuesto 2026, desde la Defensoría de la Niñez pidieron priorizar los derechos de la infancia. Esto, a través de un documento centrado en aquellas asignaciones que inciden directamente en el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Este último será enviado al Congreso.

En el análisis, presentado en un documento titulado “Análisis del Proyecto de Ley de Presupuestos 2026”, indicaron desde el organismo, busca contribuir al debate legislativo y público sobre la priorización de la niñez en el contexto de una situación fiscal compleja.

De esta manera, se identifican relevantes variaciones en partidas presupuestarias de instituciones clave como la Subsecretaría de la Niñez, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, el Ministerio de Educación, entre otros servicios públicos.

Según señaló el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, “la situación fiscal no puede justificar retrocesos en el compromiso estatal con los derechos de niños, niñas y adolescentes, asumido por Chile conforme al mandato de la Ley N°21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia”.

“Los principios de progresividad de los derechos sociales de la niñez no se oponen a revisar o modificar programas que, según la evidencia, no muestran resultados, han perdido pertinencia o pueden ser más eficientes”, agregó.

Entre los principales hallazgos del análisis, se destacan:

– Una disminución, cercana al 12%, en programas sociales de prevención de la Subsecretaría de la Niñez, sin reinversión compensatoria, afectando el Plan Integral de Bienestar y las Ayudas Técnicas del Chile Crece Contigo.

– Ausencia de fortalecimiento en la dotación de la Subsecretaría de la Niñez.

– Preocupación por el financiamiento contemplado para las Oficinas Locales de la Niñez, cuyo gasto final no contempla nuevas funciones incorporadas tras su informe financiero inicial.

– Estancamiento en los recursos para programas de representación jurídica de niños, niñas y adolescentes, con altas cargas de atención que superan los estándares técnicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

– Reducción de recursos en Apoyo a la Identidad de Género.

– Aumento programático en el Servicio Nacional de Protección Especializada para abordar listas de espera, pero sin refuerzo económico para subir la dotación, punto especialmente crítico a nivel regional.

– Valoración positiva del incremento en el programa Fonoinfancia, evaluado favorablemente, junto con el fortalecimiento del Sistema Lazos y del presupuesto de cultura.

– Alerta sobre reducciones en salud mental infantil y juvenil, tanto en atención cerrada como en el programa PASMI.

– Disminuciones en programas de salud escolar y recursos educativos de JUNAEB, además de cambios en medidas de mejoramiento de calidad educativa destinados a convivencia escolar.

De esta manera, el documento será enviado al Congreso, con el objetivo de “aportar evidencia técnica y promover decisiones que garanticen la protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia en Chile”.