Tras la publicación de BBCL Investiga, un grupo de diputados de Renovación Nacional presentó un requerimiento ante la Contraloría General de la República (CGR) para que investigue una presunta omisión institucional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG) en el caso de Nabila Rifo. Los parlamentarios acusan que esta negligencia habría facilitado la libertad condicional de Mauricio Ortega, condenado por el brutal ataque en contra de la víctima.
El oficio, firmado por los diputados Frank Sauerbaum, Carla Morales, Ximena Ossandón, María Luisa Cordero, Camila Flores y Paula Labra, fue ingresado este jueves. En el oficio, solicitan a la contralora Dorothy Pérez un pronunciamiento sobre la legalidad de los actos del servicio y que se determine si existió una falta de servicio que derive en responsabilidades.
Según el requerimiento, el SernamEG no reasignó la representación jurídica de la víctima luego de la desvinculación de la abogada patrocinante, dejando a Nabila Rifo sin defensa en una etapa procesal clave. Los diputados afirman que esta situación impidió ejercer acciones legales para oponerse al beneficio solicitado por el agresor, vulnerando los derechos de la víctima.
Los parlamentarios sostienen que esta situación “constituye una negligencia grave en el cumplimiento de los fines institucionales del SernamEG”. Añaden que la falta de acción “deja sin resguardo a una persona vulnerable y pone en entredicho la eficacia de la política pública de protección estatal frente a la violencia de género”.
Protocolos y responsabilidad estatal
En el documento, los legisladores solicitaron además que Contraloría determine si el SernamEG cuenta con protocolos internos que aseguren la continuidad de la representación judicial en casos de desvinculaciones de personal. El objetivo es evitar que otras mujeres víctimas de violencia queden desprotegidas por vacíos administrativos.
La bancada RN enfatizó que lo ocurrido “no puede quedar en la impunidad administrativa”. Sostienen que el Estado tiene el deber de responder cuando la ineficiencia o negligencia institucional derivan en un perjuicio para una víctima que debió estar bajo protección pública.
Los diputados recordaron que la participación de la víctima en la concesión de beneficios penitenciarios es algo que se legisló recientemente, a partir de mociones de parlamentarios de Renovación Nacional. Por esta razón, abordan el caso con especial interés y exigen una investigación.
El requerimiento concluye que se deben reforzar los mecanismos de control para asegurar el cumplimiento efectivo del mandato del SernamEG en la defensa de mujeres víctimas de violencia.
Revisa el requerimiento aquí:
Notificación se hizo a funcionaria destituida del SernamEG
Frente a los antecedentes expuestos, el SernamEG emitió una declaración pública detallando que el servicio “ha acompañado a la víctima desde el inicio del caso en 2016 actuando como querellantes y representantes durante todo el proceso judicial: ante el Juzgado de Garantía, el Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique y la Excma. Corte Suprema”.
Agregaron que, una vez concluido el proceso judicial, el Servicio junto a la seremi Regional de la Mujer y la Equidad de Género de Aysén, continuó brindando apoyo a la víctima a través de acompañamiento psicosocial y coordinaciones con otras instituciones. Afirmaron que su compromiso con la seguridad de Nabila Rifo y su familia se mantuvo.
Respecto a la libertad condicional, el organismo expuso que “ni la víctima ni el Servicio fueron debidamente notificados”. Revelaron que la exfuncionaria del Servicio a la que se le envió la notificación vía correo electrónico se encuentra destituida desde 2025 a raíz de un sumario administrativo ajeno a este tema.
El SernamEG concluyó en su declaración que “al no garantizar una notificación efectiva, se incumple con una diligencia que se aplica en cualquier audiencia judicial para asegurar la entrega de información clara y oportuna que permita el correcto ejercicio de los derechos de los intervinientes”.