Durante esta jornada de miércoles, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en tercer trámite y despachó a ley el proyecto que crea el nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos.

Lo anterior, tras modificaciones del Senado que fueron aprobadas de forma unánime en dos votaciones. Entre otros, se agregó un apartado sobre derechos de víctimas en delitos.

El nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia

Según información entregada por la misma Cámara Baja, este nuevo servicio público tiene el carácter de descentralizado, además de ser dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.

Asimismo, se someterá a la supervigilancia del o la Presidenta de la República a través del Ministerio de Justicia.

El organismo tendrá por objeto permitir el acceso a la justicia a través de:

– La entrega de orientación legal.

– Del otorgamiento de asesoría y representación jurídica a quienes no puedan procurárselas por sí mismos o pertenezcan a alguno de los grupos de especial protección.

– Apoyo sicológico y social, en los casos en que corresponda.

– De la asesoría y representación jurídica, así como el apoyo social y sicológico, de las personas naturales víctimas de delitos.

– De la promoción e implementación de programas de mediación y resolución colaborativa de conflictos.

– De la administración del sistema de mediación familiar.

– Para lo anterior, el Servicio desarrollará líneas de acción y programas destinados a satisfacer las necesidades de acceso a la justicia.

Defensoría de Víctimas de Delitos

En cuanto a la Defensoría de víctimas de delitos, se aclara que el servicio tendrá que otorgar tanto información como asesoría acerca de sus derechos y la forma de ejercerlos.

A lo anterior se suma una asesoría e información respecto de las medidas cautelares y de protección que pueden solicitar al fiscal a cargo y de su seguimiento, ya sea respecto de aquellas que este pueda ordenar por sí mismo, como de aquellas que requieran autorización del tribunal.

Igualmente, orientación respecto de programas estatales a los que puedan acceder y representación jurídica, a fin de permitir su participación en el proceso penal, incluyendo la ejecución de la pena.

La iniciativa también contempla el ejercicio de las acciones civiles destinadas a perseguir las responsabilidades derivadas del hecho punible. Además, asistencia psicosocial para mitigar los efectos negativos del delito y evitar su victimización secundaria.