Pese a que el periodo legal permitido para hacer propaganda electoral comenzó recién ayer 17 de septiembre, 31 parlamentarios -30 diputados y 1 senador- de diversos sectores habrían pagado por anuncios en redes sociales como Facebook e Instagram desde mucho antes.
Según reportó Ciper, la práctica ocurriría desde hace al menos cinco meses y se trataría de mensajes que promueven sus propias candidaturas o que critican a sus adversarios.
En lo concreto, el medio de investigación periodística señala que por ejemplo, el único senador de la lista, Juan Castro (Partido Social Cristiano, PSC) pagó por al menos tres avisos donde promueve su reelección y la candidatura presidencial de José Antonio Kast (Partido Republicano, PREP), usando hashtag como #JoséAntonioKastPresidentecl y #JuanCastroSenador, además de frases como “yo confío en José Antonio Kast”. Al ser requerido, no quiso referirse al tema y dijo que estas acciones estaban en regla con Servel.
En el otro lado del espectro político aparece el diputado Jorge Brito (Frente Amplio, FA), quien fue uno de los más activos en estas campañas anticipadas. Este último habría pagado por anuncios para favorecer a la candidata del oficialismo Jeannette Jara, etiquetados como #jarapresidenta y la consigna “Quedan menos de 100 días para las elecciones! ¡Jeannette Jara Presidenta!”.
Como defensa, Brito indicó a Ciper que estos posteos hicieron “declaratorias respecto a lo que queremos, pero no un llamado al voto (…). Sin embargo, para nosotros es importante que exista la mayor presencia y difusión de ideas en el día a día”.
Tras revisar el detalle de los anuncios políticos pagados en Meta -firma tras Facebook e Instagram- lograron determinar que 15 parlamentarios pagaron propaganda para promover sus propias candidaturas, mientras otros 14 lo hicieron para promover a los presidenciables Jeannette Jara, Evelyn Matthei y José Antonio Kast. También hallaron publicidad pagada que se enfocaba en criticar a sus rivales políticos.
Los 31 parlamentarios que pagaron publicidad en redes sociales antes de tiempo
La lista completa de quienes pagaron por anuncios políticos antes del tiempo de campaña legal permitido incluye a:
Alexis Sepúlveda (PR).
Andrés Jouannet (AMA).
Arturo Barrios (PS).
Benjamín Moreno (PREP).
Boris Barrera (PC).
Carla Morales (RN).
Catalina del Real (PREP).
Daniel Manouchehri (PS).
Daniella Cicardini (PS).
Eduardo Durán (RN).
Francesca Muñoz (PSC).
Gael Yeomans (FA).
Guillermo Ramírez (UDI).
Gustavo Benavente (UDI).
Hernán Palma (IND).
Jaime Sáez (FA).
Jorge Brito (FA).
Jorge Guzmán (EVOP).
Jorge Saffirio (IND-DEM).
Juan Antonio Coloma A. (UDI).
Juan Carlos Beltrán (RN).
Juan Castro (PSC).
Luis Alberto Cuello (PC).
Marcos Ilabaca (PS).
María Candelaria Acevedo (PC).
Marta Bravo (UDI).
Miguel Ángel Calisto (IND).
Roberto Celedón (IND).
Rubén Oyarzo (IND).
Sergio Bobadilla (UDI).
Stephan Schubert (PREP).
No es necesario que el llamado a votar sea explícito para considerarse propaganda
Ciper indicó que la mayoría de los parlamentarios consultados por este tema, indicaron que pagaron estos anuncios con recursos personales y no públicos. Además, aducen que no es “propaganda anticipada”, sino que es “opinión política”, porque no llamar a votar de manera explícita.
No obstante, la ley chilena indica que propaganda es “todo evento o manifestación pública y la publicidad radial, escrita, en imágenes, en soportes audiovisuales, por redes sociales, cuando exista una contratación y un respectivo pago, u otros medios análogos, siempre que promueva a una o más personas o partidos políticos constituidos o en formación, con fines electorales”.
Al respecto, Ciper indica que resoluciones previas del Servel donde se aplicaron multas a candidatos por propaganda fuera de plazo, se hace hincapié en que el llamado a votar no necesariamente debe ser explícito para que esté incumpliendo la ley. Además, se especifica que tampoco es requisito que el candidato esté inscrito.
El Servel dijo al medio que “la propaganda electoral en redes sociales comprende tanto mensajes a favor como en contra de candidaturas o partidos, siempre que tengan por objeto influir en el electorado y se encuentren contratados en los términos establecidos por la ley, es decir, únicamente por el candidato, partido o su administrador electoral, sujetos a control de gasto”.