La Contraloría General de la República (CGR) reveló que otros 10.805 funcionarios que se desempeñan en servicios públicos con presencia regional salieron fuera del país durante su licencia médica o en parte de ella.
Según el nuevo Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°16, esto implicaría el uso irregular de 15.257 licencias emitidas entre 2023 y 2024, de las cuales el 76% corresponde a Fonasa y un 24% a Isapres.
Así, estos más de 10 mil casos se suman a los 25.078 funcionarios públicos dados a conocer el 20 de mayo pasado por la CGR.
El órgano fiscalizador asegura que el ahora revelado reporte había sido comprometido por la contralora general, Dorothy Pérez, en junio de este año ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
En él, además, se agrega que los titulares de esas 15.257 licencias médicas, en el respectivo periodo de reposo, habrían entrado o salido del país en 26.606 oportunidades.
Revisión a servicios regionales
Respecto de los servicios a los que pertenecen los funcionarios que habrían incumplido su periodo de reposo, según la CGR, estos pertenecen a 442 entidades públicas de regiones.
De ellas, el 67% corresponde a servicios de salud y hospitales, un 15% a Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), un 11% a municipalidades, corporaciones y direcciones municipales, un 4% a establecimientos educacionales, y un 3% a otro tipo de servicios.
Entre estos, destaca el Servicio de Salud Magallanes (1.258 licencias), SLEP Chinchorro (1.065 licencias), Servicio de Salud del Reloncaví (780 licencias), Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota (692 licencias), Dirección Servicio de Salud Aysén (553 licencias), y Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta (517 licencias).
Acciones desde la CGR
Desde Contraloría aseguraron que notificarán a las instituciones involucradas para que se inicien los procedimientos disciplinarios de rigor y remitan las respectivas resoluciones a través del Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD), en un plazo de cinco días hábiles.
Además, la información será remitida a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), a la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, para que se ejerzan las acciones que correspondan.