El presidente Gabriel Boric tomó el mando de la tradicional vocería que los días lunes encabeza la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, para abordar el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y la consolidación del programa Copago Cero en Fonasa.
Según se pudo conocer, el inusual hecho del Mandatario se presenta como una señal política que busca instalar los logros en pensiones y salud, al mismo tiempo en que el Ejecutivo enfrenta el desafío de proyectar un legado social en el último tramo de su administración.
En esa línea, el jefe de Estado tomó la palabra para destacar el inicio del pago incrementado de la PGU en $250 mil, además de subrayar que las transformaciones en curso no son promesas a futuro, sino avances concretos que ya están llegando a la ciudadanía.
“Estamos partiendo con fuerza este mes de septiembre. Muy buenas noticias para los chilenos y chilenas, con certezas en salud, con el aumento para la PGU y con un Gobierno trabajando a toda máquina por mejorar el bienestar y la calidad de vida de nuestro pueblo”, señaló.
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A las palabras de Boric se suman las del senador socialista Gastón Saavedra, quien destacó que el Mandatario cumplió su compromiso de elevar la PGU y de avanzar en la gratuidad en la red pública de salud.
“Es el legítimo uso de su liderazgo para dar a conocer al país el compromiso que contrajo cuando fue candidato a la presidencia de la República. Ese compromiso se cumplió”, comentó.
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Senador García critica declaraciones de presidente Boric sobre PGU
Eso sí, pese a las declaraciones del jefe de Estado, desde Renovación Nacional, particularmente el senador José García Ruminot, advirtió que estas responden a la necesidad de visibilizar logros en la recta final de su mandato, más que a un cambio de estilo comunicacional.
“Tiene muy poco que mostrar. Eso lleva al Presidente de la República a asumir vocerías para mostrar algunos hitos”, comentó.
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Por último, el parlamentario remarcó que la PGU no fue una iniciativa del actual gobierno, sino más bien un proyecto impulsado y aprobado en enero de 2022 por la administración del expresidente Sebastián Piñera.