El abogado Francisco Ugás Tapia, Jefe Jurídico del Estudio Caucoto Abogados y representante de 6 de las 7 familias de las víctimas que demandan la extradición de Adriana Rivas desde Australia, acusó que la defensa de la exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) está ejerciendo de manera “abusiva” el Derecho para dilatar el proceso y el juicio en su contra.
“Esta actuación de la defensa de Rivas es una más de aquellas conductas e incidencias dilatorias, que denotan un ejercicio abusivo del derecho, en la medida que se ejecutan conductas procesales carentes de fundamentos, en algunos casos, y en otros, con argumentos absolutamente inconsistentes. Todo ello se encuentra dirigido a retrasar el proceso de extradición y, consecuencialmente, el juzgamiento de Adriana Rivas”, sostuvo Ugás.
El abogado se mostró convencido de que la justicia australiana acabará por fallar en su favor, dando paso a la extradición de la exsecretaria del director de la DINA, Manuel “Mamo” Contreras, requerida por el Estado de Chile por su participación en los crímenes de siete dirigentes del Partido Comunista (PC) en Dictadura.
La audiencia fue realizada el 9 de julio pasado ante la Jueza Erin Longbottom, de la Corte Federal de Australia, quien revisó la solicitud de venia para apelar formulada por la defensa de la ex agente, respecto de la decisión del Juez Lee dictada el 21 de febrero de este año. En la oportunidad, el magistrado rechazó la solicitud presentada por la defensa de Rivas, mediante la cual ella buscaba obtener acceso a la totalidad de los antecedentes que la Fiscalía de ese país consideró para dar luz verde a su extradición y, con ello, frenar el proceso en su contra.
“Nos asiste la más absoluta y total convicción que existe mérito fáctico y jurídico para que este planteamiento dilatorio que ha presentado la defensa de Rivas sea desestimado y, así, la extradición de Adriana Rivas, requerida por nuestro Estado, se concrete y sea, en definitiva, juzgada y condenada. Esperamos que la Justicia y el Estado de Australia acompañen el legítimo derecho de las familias de las víctimas, de exigir la concreción de lo anterior”, sostuvo el abogado.
Rivas es requerida como coautora de los secuestros calificados de Víctor Díaz, ex secretario general del PC, y de los dirigentes y militantes de la misma colectividad Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Juan Fernando Ortíz, Héctor Véliz y Reinalda Pereira, quien estaba embarazada de cinco meses al momento de su detención. Las víctimas fueron detenidas por agentes de la Brigada Lautaro, un grupo de exterminio de personas dependiente de la DINA, la primera policía secreta de la dictadura que operó entre 1974 y 1977, y a la cual pertenecía Rivas.
La exagente estaba procesada por los delitos que se le imputan y que motivan su extradición, con libertad provisional bajo fianza, firma mensual y con la prohibición de salir del país, cuando se dio a la fuga en 2011. Primero pasó por Argentina para luego viajar a Australia, país en donde se encuentra actualmente.
El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago Miguel Vázquez Plaza, solicitó en 2013 su extradición, y a comienzos del año 2014, la Corte Suprema la declaró procedente, siendo luego formalizada por el Estado de Chile ante sus pares australianos.
Ahora, sólo se espera que la jueza Longbottom manifieste, en los próximos días, su pronunciamiento definitivo respecto a la venia para apelar requerida por la defensa de Rivas. En caso de ser descartada dicha venia, proseguirá ante la Corte Federal de Australia el proceso de revisión judicial de la decisión del Fiscal General del país oceánico de entregar a Rivas a Chile.