Con un apoyo transversal y a nueve meses de su anuncio, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados despachó a Sala la reforma al sistema de nombramiento de jueces en el Poder Judicial, presentada como respuesta a la grave crisis que remeció al “tercer poder” el año pasado.

Pese a que el nuevo Consejo de Nombramientos tiene un piso mínimo de respaldo, parlamentarios oficialistas buscarán que en la votación se rechace la injerencia del Senado en las nominaciones.

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, destacó ante Radio Bío Bío dos ejes de la reforma: por un lado, separa las funciones jurisdiccionales de las funciones que tiene actualmente la Corte Suprema, y por otro, la creación del Consejo de Nombramientos. Éste último deberá realizar procesos de concurso y selección, entregando ternas preladas, mientras que el Presidente mantendrá la facultad final para designar a los jueces.

Respecto a los ministros de la Corte Suprema, éstos deberán ratificarse por medio del Senado mediante un quórum que se establecerá en la reforma.

En alusión a los cuestionamientos que han surgido por parte de asociaciones judiciales sobre que la iniciativa profundizaría el tráfico de influencias o que podría aumentar el control político, el secretario de Estado defendió que se alcanzó un gran acuerdo al definir que el Consejo de Nombramientos será autónomo.

Por su parte, el diputado de la UDI y presidente de la comisión de Constitución, Jorge Alessandri, valoró que con la proposición se busca modernizar el sistema, sosteniendo que “sigue teniendo un papel preponderante el Presidente de la República, pero también se profesionaliza” la designación de los jueces.

En tanto, desde el Frente Amplio se han opuesto categóricamente a que el Senado mantenga su poder en las designaciones de ministros de la Corte Suprema, indicando la diputada Javiera Morales que las discrepancias siguen presentes por este punto, e instando a reconsiderar la decisión en la votación en sala y que se opte por rebajar el quórum o un plazo acotado.

El diputado socialista, Raúl Leiva, dijo ser consciente de que la moción tiene un componente político importante, pero opina que la no intervención del Senado no se hace cargo del problema de fondo en el nombramiento de los jueces.

“Siempre en los altos tribunales de justicia y particularmente en la Corte Suprema la intervención de todos los poderes del Estado es fundamental, y es necesario no sólo para legitimar el actuar sino para entregar un amplio consenso”, sostuvo.

Al momento de ser despachado del Congreso, las leyes orgánicas que acompañan a la reforma comenzarán a regir seis meses después de su promulgación, mientras el primer Consejo de Nombramientos judiciales se constituirá 90 días después de la publicación de la reforma en Diario Oficial.