Con 85 votos a favor, 46 en contra y 4 abstenciones, la Sala de la Cámara respaldó en general un proyecto que modifica la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, elevando el castigo para adolescentes de entre 14 y 16 años que cometan delitos de especial gravedad.

El proyecto establece que las penas de internación en régimen cerrado o semicerrado tendrán un límite máximo de 10 años para adolescentes entre 14 y 16 años, igualando así el tope actual que aplica a los jóvenes de 16 a 18 años. Recordemos que actualmente ese grupo etario solo puede recibir sanciones privativas de libertad de hasta cinco años.

De convertirse en ley, este cambio regirá para un catálogo de delitos particularmente graves, como secuestro agravado, sustracción de menores, violación, actos de connotación sexual, violación con homicidio, parricidio, homicidio simple y calificado, robo con violación, homicidio o lesiones, y robo con violencia o intimidación, entre otros.

La moción, impulsada por el diputado Andrés Longton (Renovación Nacional), fue aprobada en general, pese a los cuestionamientos desde el oficialismo y vuelve ahora a la Comisión de Constitución para su análisis en particular.

De hecho, siete diputadas y diputados del Partido Comunista —Candelaria Acevedo, Karol Cariola, Nathalie Castillo, Luis Cuello, Carmen Hertz, Alejandra Placencia y Daniela Serrano— votaron en contra, junto con parlamentarios del Frente Amplio y parte del Socialismo Democrático, que también manifestó posturas divergentes, según detalla la página web de la Cámara.

Longton: “Tenemos un gobierno que se pone en el lugar de los delincuentes”

Tras el debate, el diputado Longton expresó su preocupación por la falta de respaldo del Ejecutivo al proyecto que endurece las sanciones penales a adolescentes por delitos graves. A juicio del parlamentario, el Gobierno no ha puesto urgencia a una iniciativa que podría avanzar con mayor rapidez, dificultando así su tramitación legislativa.

“Como el Gobierno se opone a este proyecto, eso dificulta que el proyecto avance con mayor celeridad porque no tiene urgencia. Por lo tanto, un proyecto que podría salir más rápido, hoy día eso se dificulta porque tenemos un gobierno que se pone en el lugar de los delincuentes menores de edad que cometen delitos, pero no en el lugar de las víctimas”, enfatizó el legislador de RN.

En cuanto a los cambios que se incorporarán en la siguiente etapa del trámite legislativo, Longton adelantó que su bancada presentará varias indicaciones que buscan corregir vacíos en la actual Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

“Primero, que se tome en consideración los antecedentes penales previos, no puede ser que cada vez que cometa un delito un menor de edad, el sistema cuente como si fuera la primera vez”, explicó.

Además, se propondrá suprimir beneficios que hoy permiten a los adolescentes salir en libertad antes de cumplir la totalidad de su condena.

Entre las medidas más firmes que buscarán incluir mediante indicaciones, Longton detalló la necesidad de modificar el tratamiento de las fugas desde centros de internación provisoria.

“Vamos a insistir con que quien se escapa de un centro de internación provisoria cerrada no se le dé como tiempo cumplido”, señaló, añadiendo que el proceso de apelación en controles de detención también debe tener consecuencias claras.

“La solicitud de internación provisoria cerrada en el control de detención, la apelación de la misma tiene que significar que ese menor de edad cumpla libertad mientras se resuelve la apelación”, explicó.

En ese sentido, remarcó que “no se puede dejar en libertad y expuesta a las víctimas y a la sociedad en general, una persona que está en pleno proceso de control de detención”.

“Y además vamos a insistir con que la reincidencia se le aplique el máximo de la pena a menores de edad que cometen delitos, que vemos cómo reinciden una y otra vez y al poco tiempo recuperan la libertad”, concluyó.

Emilia Schneider, diputada del Frente Amplio, asegura que aumentar penas a los jóvenes ‘no es el camino’ para hacerse cargo de los delitos que cometen.

El jefe de bancada del Partido Republicano y presidente de la Comisión de Seguridad, Cristian Araya, no se guardó nada al criticar a los diputados contrarios al proyecto.

Dijo que apoyaban a los menores secuestradores y asesinos y al oponerse están avalando que sus delitos queden impunes.

El diputado independiente-PPD, Jaime Araya, negó que exista un interés de no tener este debate, pero sí dijo que es complejo y que hay que tomárselo con calma.

Asegura que el estándar penal para menores de edad, es algo que el Congreso debe darse más tiempo para resolver.

La advertencia del Gobierno por proyecto que endurece sanciones penales a adolescentes por delitos graves

Al respecto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, participó del debate asegurando que el endurecimiento de penas no ha demostrado mayor eficacia en la experiencia internacional.

“Los sistemas comparados de responsabilidad penal adolescente no han tenido mejores resultados. Ni a la baja, en cuanto a los delitos que se vayan a cometer, y menos respecto a la posibilidad de reinsertar a esos jóvenes que han infringido la ley penal”, advirtió Gajardo.

El ministro también subrayó que la participación de menores en el total de causas penales es muy baja. “El ingreso de jóvenes infractores de ley penal representa el 2% del total de los ingresos del Ministerio Público”, señaló.

Además, resaltó los avances logrados desde la entrada en vigencia del sistema especializado juvenil. “Desde que nuestro país se puso de acuerdo para tener un sistema de responsabilidad penal adolescente, ha habido una sostenida baja en los ingresos. Hemos logrado disminuir, de un 52% de reincidencia, del año 2009, a un 25%, gracias a una política de Estado… Estamos, efectivamente, disminuyendo la reincidencia delictiva de los jóvenes que infringen la ley penal”, concluyó.

La iniciativa que endurece las sanciones penales a adolescentes por delitos graves continuará su tramitación en la Comisión de Constitución, donde se analizarán en detalle las indicaciones y se abrirá espacio para perfeccionar la redacción del texto. El debate promete mantener la tensión entre quienes abogan por mayor rigor en las sanciones y quienes defienden un enfoque centrado en la reinserción juvenil.