El centro de estudios Libertad y Desarrollo (LYD) publicó un nuevo informe que da cuenta de los movimientos migratorios en Chile. Este, destacó que la población migrante creció más de 10 veces de 1990 a la fecha, con 1,9 millones de personas extranjeras viviendo en territorio nacional.
La investigación llamada “Migración: Panorama en Chile y nuevos enfoques internacionales” fue liderada por el sociólogo Daniel Rebolledo y publicada este mes de mayo, analizando en cifras el fenómeno migratorio, para luego realizar conclusiones y sugerir diversas medidas al respecto.
La mayor revelación es la fuerte subida de la población migrante, que pasó de ser un 0,7% en 1990 a un 7,8% del total nacional en 2024. Así, son 1,9 millones de personas extranjeras viviendo en Chile, de las cuales un 42% proviene de Venezuela.
En esa línea, el informe sostiene que la migración irregular tuvo una fuerte crecida durante los últimos años, siendo hoy 336 mil personas las que están en esa condición en el país, un aumento equivalente a más de 30 veces la cifra que se registraba el 2018.
De los migrantes irregulares, el 75% son venezolanos. Lo que va en línea de que en los últimos tres años se registraron 127 mil ingresos por pasos no habilitados, de los cuales un 68% eran personas provenientes de ese país.
Pobreza y vulnerabilidad migrante
Por otra parte, el estudio consigna un aumento en la pobreza y vulnerabilidad en la población migrante. En ese sentido, la tasa de pobreza de los migrantes llega a 10,2%, casi duplicando la de los chilenos (5,2%). Además, el 3,9% vive en pobreza extrema, más del doble que la población no migrante (1,7%).
El escrito es categórico en señalar que el actual sistema de expulsiones no funciona. Pues hay 28 mil migrantes con orden de expulsión vigente, de los cuales el Gobierno no sabría su ubicación.
Finalmente, LYD hizo un análisis de las cifras ponderadas, entregando las siguientes recomendaciones:
• Reformar la ley para permitir retención preventiva de migrantes irregulares.
• Firmar acuerdos bilaterales para facilitar expulsiones (ej. Colombia, Guyana).
• Establecer un modelo determinista: asilo o expulsión, sin ambigüedad.
• Evaluar la construcción de centros especializados de internamiento.
• Restringir el ius soli para evitar incentivos a la migración irregular.