Parlamentarios de oposición criticaron la decisión del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, de apartar al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, del caso ProCultura, argumentando que no se respeta el principio de ‘caiga quien caiga’. Desde el oficialismo, en tanto, instaron a cesar el ‘aprovechamiento político’, mientras que exfiscales advirtieron sobre un posible retraso en la investigación.
Recordemos que la máxima autoridad del Ministerio Público reasignó el caso ProCultura a la Fiscalía Regional de Antofagasta, dirigida por Juan Castro Bekios, algo que fue defendido desde el Gobierno por el ministro de Seguridad, Luis Cordero.
La medida fue adoptada pocas horas después de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta declarara ilegales las interceptaciones telefónicas a Josefina Huneeus, expareja del director de ProCultura, Alberto Larraín, en donde se logró captar una conversación con el presidente Gabriel Boric.
Al respecto, la bancada de diputados de la UDI exigió reincorporar a Cooper a la causa y denunció eventuales presiones políticas.
La subjefa del comité de diputados gremialistas, Marlene Pérez, cuestionó que el discurso de “caiga quien caiga” no se refleje en este caso, mientras que el diputado del Partido Social Cristiano, Roberto Arroyo, advirtió que la decisión de Valencia podría afectar la independencia del Ministerio Público.
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Desde el oficialismo, el secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, llamó a la oposición a “dejar el aprovechamiento político”, en tanto que el jefe de bancada del PS, Juan Santana, sostuvo que la labor de Cooper era insostenible y vulneró “derechos mínimos”.
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Sin embargo, la salida de Cooper podría ralentizar la causa, ya que la Fiscalía de Antofagasta deberá revisar antecedentes y diligencias desde cero.
Esto último, considerando que se trata del tercer fiscal a cargo, lo que podría afectar la continuidad del proceso, según advirtieron los exfiscales Andrés Cruz y Emiliano Arias.
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Cooper, además, deberá entregar un informe detallado en respuesta a las observaciones del tribunal, que calificó sus acciones como “propias de tiempos pretéritos de la República”.