Con la presencia de las máximas autoridades, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, entregó un balance de la gestión de la Fiscalía Nacional durante el año 2024.

Luego de la introducción y presentación de PIA, Programa de Inteligencia Artificial, el líder del Ministerio Público señaló que “el año 2024, el Ministerio Público recibió más de 1.600.000 denuncias, la cifra más alta desde que se inició la Reforma Procesal Penal. Esto representa 181 mil denuncias más que el año anterior, es decir, un aumento del 12,3%, que evidencia el creciente nivel de conflictividad y la necesidad urgente de fortalecer nuestras capacidades de investigación y persecución”.

“Más de 1 millón 750 mil víctimas fueron registradas durante el año, lo que representa un incremento del 12,1% respecto del año anterior y nuestro deber es estar ahí, responder con oportunidad, respeto y eficiencia a una mayoría que necesita algo más que una respuesta judicial, necesita justicia con rostro humano”, comentó Valencia.

Caso Convenios

El persecutor se refirió al polémico Caso Convenios, en medios de las tensiones entre la Fiscalía y el oficialismo por el “pinchazo” a Miguel Crispi, cuando era asesor del Segundo Piso. Sumado a la eventual solicitud de la Fiscalía para hacer esta misma acción con el presidente Gabriel Boric.

En este sentido, Valencia manifestó que “durante el último año, el país ha sido testigo de uno de los casos más sensibles en materia de uso de recursos públicos: el denominado Caso Convenios”.

“Lo que estuvo en juego no fue sólo la legalidad de determinados actos administrativos, sino la legitimidad del Estado y su capacidad de garantizar un uso correcto y justo de los fondos públicos destinados al desarrollo social”, precisó el persecutor.

Detallando que hasta abril de 2025, “los resultados concretos del trabajo del Ministerio Público en el Caso Convenios dan cuenta de una persecución penal sostenida, estratégica y con impacto real. A la fecha, 45 personas han sido formalizadas, cinco de ellas en más de una causa, lo que eleva el total a 50 formalizaciones”.

“Existen además cuatro personas con audiencias de formalización ya solicitadas y un total de 134 RUC asociados al fenómeno delictivo, lo que refleja la magnitud y dispersión territorial del caso. En este marco, se han llevado a cabo 25 audiencias de formalización y se ha solicitado la medida cautelar de prisión preventiva para 25 imputados, lo que muestra la gravedad de los hechos investigados y el sustento probatorio con que se ha actuado”, añadió.

Afirmando que “el monto total investigado a nivel nacional supera los $70 mil millones de pesos y ya se han presentado dos solicitudes de desafuero contra autoridades con fuero parlamentario, en las regiones de La Araucanía y Antofagasta”.

Protección de la información

Respecto a la seguridad y protección de la información que maneja el Ministerio Público, Valencia reafirmó que “para esta administración, el adecuado manejo de la información se erige como un pilar fundamental para garantizar tanto la eficacia de la persecución del delito, como la debida protección de los derechos fundamentales de los individuos involucrados”.

Es por ello que durante el 2024, la Fiscalía adoptó “múltiples medidas en el ámbito informático con el objetivo de asegurar la trazabilidad interna de los archivos que contienen información de causas penales, para así resguardar el acceso a los sistemas y bases de datos institucionales. Lo anterior, dirigido a impedir el acceso indebido a los sistemas informáticos del Ministerio Público y prevenir posibles filtraciones”.

Por ende, destacó las siguientes medidas:

• Habilitar funcionalidades que permiten la trazabilidad del acceso a nuestros sistemas informáticos.

• Se modificó la política de complejidad de las claves que permiten acceder a los sistemas.

• La nueva Plataforma Central contiene nuevos sistemas de seguridad y servicios de ciberseguridad avanzados.

• Para resguardar la seguridad y confidencialidad de la información, especialmente respecto de archivos entregados a personas ajenas al Ministerio Público, a fines del año 2024 se comenzó la implementación de una licencia que contiene mecanismos avanzados de seguridad que permiten:

1. Determinar la confidencialidad del archivo, generando las restricciones correspondientes.

2. Cifrar archivos para que solo usuarios autorizados puedan acceder a ellos.

3. Generar un control de acceso avanzado en los documentos, estableciendo permisos detallados para determinar la posibilidad de ver, editar o compartir archivos.

4. Registrar las actividades vinculadas a un archivo, permitiendo su auditoría y trazabilidad.

Inversiones

Para contar con este nivel avanzado de protección de antecedentes y el control de accesos, Valencia señaló que “a partir de este año y hasta el 2028, realizaremos una inversión adicional de más de $3 mil doscientos millones de pesos, representando un 41% del gasto total que se efectuará en este tipo de licencias”.

“Sabemos que esto no erradica la posibilidad de que la información de una carpeta investigativa llegue a terceros ajenos a la causa, pero esperamos contribuir de manera significativa a obstaculizar que ello ocurra”, añadió.

Valencia detalló además que “el Ministerio Público- desde octubre de 2023 a la fecha- ha iniciado un total de 25 investigaciones administrativas que involucran a 39 funcionarios y funcionarias de la institución, motivadas por el acceso indebido y no autorizado a causas penales mediante los sistemas informáticos institucionales”.

“Convicción democrática”

Durante su alocución, Valencia señaló que en 2024, la Fiscalía demostró con “firmeza su compromiso institucional, convicción democrática y profunda determinación en la persecución penal de los delitos más graves que han conmocionado a la opinión pública nacional e internacional”.

Remarcando que “no hemos titubeado en investigar con el mismo rigor a redes de corrupción de alto nivel, como en el caso Convenios, el caso Hermosilla o los crímenes de carácter internacional, como el secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda”.

“La misma determinación ha guiado las investigaciones del crimen organizado, como en el caso del brazo del Tren de Aragua en Arica, “Los Gallegos”, donde se imputó a decenas de integrantes por planear atentados y ejecutar acciones delictivas con una violencia inédita. Ese rigor ha marcado también la investigación de casos dolorosos para el país, como el asesinato de los tres carabineros en abril del año pasado, o los incendios de Valparaíso que causaron la muerte de tantas y tantos compatriotas”, detalló.

Asimismo, destacó que han “actuado con convicción en causas que involucran a autoridades públicas, como el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, la exalcaldesa Cathy Barriga o el exalcalde Daniel Jadue”.

“La Fiscalía ha respondido con igual celo combatiendo la impunidad sin excepciones ni distinciones, y guiándonos únicamente por el mandato constitucional de dirigir la investigación, ejercer la acción penal pública y proteger a víctimas y testigos”, precisó.

Delitos sexuales y VIF

También aseguró que en 2024, Chile “alcanzó su cifra más alta de delitos sexuales ingresados en la historia, 50.070 casos, lo que representa el 2,9% del total de ingresos del Ministerio Público”.

“Pero detrás de ese número hay algo aún más estremecedor, 56.343 víctimas, de las cuales más de 39 mil son niñas, niños o adolescentes. Un 70% de las víctimas son personas que deberían estar protegidas y no marcadas por la violencia”, añadió.

El año pasado, según el fiscal nacional, “se registraron más de 182 mil delitos en contexto de violencia intrafamiliar, lo que representa un 11% del total de delitos que ingresaron al Ministerio Público. Es un número que no baja, un número que duele y que nos obliga a seguir actuando”.

En esta línea, Valencia dijo que no podemos dejar de nombrar “los 47 femicidios consumados y los 326 intentos de femicidio que marcaron este año. Además, se registraron tres suicidios femicidas”.

“Estas cifras no son solo parte del informe, son el grito de una realidad que exige acción. Por eso, como Fiscalía reafirmamos que la violencia de género, en cualquiera de sus formas, es y va a ser una prioridad en nuestra persecución penal”, precisó el fiscal nacional.

Crimen Organizado

Por otro lado, el líder del Ministerio Público indicó que “si hay una promesa que el Estado no puede romper, es la de proteger a sus ciudadanos frente a la violencia y el crimen organizado”.

Recalcando que en noviembre de 2023, bajo el marco del plan “Calles sin Violencia”, nació el proyecto ECOH, Equipos de Crimen Organizado y Homicidios: una respuesta concreta, innovadora y multidisciplinaria para enfrentar homicidios, secuestros y delitos vinculados al crimen organizado”.

Desde su implementación, Valencia dijo que “los equipos ECOH han tramitado mil 586 casos a nivel nacional, con presencia en 10 regiones del país.

Pero además, en el análisis comparativo entre el período previo y posterior a la implementación de ECOH, los resultados son los siguientes:

• La tasa de homicidios con al menos un imputado formalizado aumentó un 19,9%.

• La tasa de imputados formalizados en homicidios aumentó un 48,2%.

• En materia de secuestros, la tasa de formalizaciones por causa aumentó un 32,4%, y la de imputados formalizados, un 50,6%.