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El diputado de la UDI, Felipe Donoso, rechazó el uso de la Defensoría Penal Pública por parte de un grupo de parlamentarios oficialistas, entre ellos Daniel Melo (PS), Lorena Pizarro (PC) y otros, acusándolos de utilizar este beneficio para resolver sus asuntos penales personales, lo cual considera inaceptable dado que este servicio está destinado a personas sin recursos para contratar abogados. Donoso denunció un claro conflicto de interés, ya que los diputados aprueban el presupuesto de la institución y luego se benefician de sus servicios legales, solicitando una certificación oficial del caso a la Secretaría de la Cámara para emprender acciones legales. Insistió en que esta práctica constituye un abuso de poder y un acto potencialmente ilegal, destacando la necesidad de utilizar los recursos públicos con transparencia y responsabilidad, y no para satisfacer intereses personales de los legisladores.

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El diputado de la UDI, Felipe Donoso, acusó a diputados oficialistas de usar la Defensoría Penal Pública para resolver “problemas penales personales“. En ese sentido, dijo que caen en “un evidente conflicto de interés“.

Daniel Melo (PS), Lorena Pizarro (PC), Luis Malla (PL), Lorena Fríes (FA), Jaime Sáez (FA), Ana María Gazmuri (PAH), Nathalie Castillo (PC) y Nelson Venegas (PS) fueron los parlamentarios a los que apuntó Donoso, afirmando que hacen un uso indebido del sistema.

“Creemos inaceptable que un grupo de diputados decida usar a la Defensoría Penal Pública para sus problemas penales personales. Este es un beneficio diseñado para personas que no pueden proveerse de un abogado. Es evidente que un parlamentario, con los recursos que dispone, puede proveerse de un abogado“, denunció.

En esa línea, Donoso también destacó que este comportamiento presenta un claro conflicto de interés, ya que los diputados “aprobaron el presupuesto de la Defensoría Penal Pública, lo que evidencia un interés manifiesto en mantener los dos abogados proporcionados por esta institución para defenderse de una querella y del proceso de desafuero”.

Solicitud de Donoso

En consecuencia, el diputado UDI calificó esta acción como un abuso de poder y un acto potencialmente ilegal, por lo que solicitó a la Secretaría de la Cámara una certificación oficial sobre este caso, para evaluar y emprender las acciones legales correspondientes.

“Si bien no hay una prohibición explícita en la ley, los parlamentarios somos quienes aprobamos el presupuesto de la Defensoría Penal Pública, lo que genera un evidente conflicto de interés. Votaron a favor del presupuesto de sus propios abogados, lo que considero una falta grave a la probidad”, insistió.

“Es fundamental que los recursos públicos sean utilizados con responsabilidad y transparencia, y no para satisfacer intereses personales de quienes legislan sobre ellos”, cerró.