Con la reciente publicación de la Ley de Inclusión, que aumenta la cuota de contratación de personas con discapacidad de un 1% a un 2%, parlamentarias de oposición manifestaron su apoyo a la medida, pero también su preocupación ante la falta de avances reales en la inclusión laboral.
Una de ellas, fue la diputada republicana Catalina del Real, quien comentó que “la inclusividad debería ser una política que las empresas adopten por iniciativa propia, pero como no todas lo hacen, se tiene que ir haciendo mediante leyes que permitan que las personas con discapacidad puedan acceder al mercado laboral”.
“Ahora la cuota se aumenta a un 2%, lo que es positivo, pero lamentablemente todavía no se llega ni al 1% como dice la actual ley, porque el 80% de los contratos celebrados bajo la Ley N° 21.015 se iniciaron antes de que esta ley entrara en vigencia, o sea que no necesariamente significó nuevas contrataciones”, advirtió.
En la misma línea, la diputada de Renovación Nacional, Carla Morales, destacó la importancia de seguir avanzando, pero advirtió sobre la efectividad de las cifras: “Expertos han dicho que solo un 20% del total de contratos corresponderían a nuevos puestos laborales ocupados por personas con discapacidad, lo que significa que en la práctica es muy poco lo que se está avanzando”.
“Falta fiscalización”
“Además, falta fiscalización a las empresas privadas para ver si están cumpliendo o no con la norma, y eso implica otro desafío”, enfatizó Morales.
En tanto, Marlene Pérez (Ind.UDI) subrayó la necesidad de garantizar que la ley se cumpla: “Es importante seguir avanzando en la inclusión, pero también hay que revisar que las empresas estén cumpliendo con la norma. De lo contrario, es letra muerta“.
“Hago un llamado al Gobierno a que no solo avancemos en porcentaje, sino que también garantice que la ley se cumpla, sobre todo en el caso de las mujeres, donde el número de contrataciones está más al debe”, enfatizó.
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