La denominada Comisión 2.0 del Caso Convenios abordará las transferencias desde otros ministerios y distintos Gobiernos Regionales. La iniciativa cuenta con el apoyo transversal de diputados de distintas bancadas, desde la oposición al oficialismo.

El diputado del Partido de la Gente (PDG), Rubén Oyarzo, confirmó que consiguió las firmas para solicitar la creación de una nueva Comisión Especial Investigadora por el traspaso de recursos públicos a fundaciones. En este caso, la denominada Comisión investigadora 2.0 del Caso Convenios, abordará las transferencias desde otros ministerios y distintos Gobiernos Regionales.

Al respecto, el diputado Oyarzo sostuvo que “quedamos cortos con la comisión anterior”. En ese sentido, apuntó que “obviamente que aquí faltaron casos como los del Ministerio de las Culturas, de Desarrollo Social y queremos investigar también al Ministerio de Hacienda”.

Según explicó, la nueva comisión surge luego que “lamentablemente, al no ampliar el mandato en la otra comisión quedaron afuera Gobiernos Regionales. Entonces, por eso hemos creado, con una bancada transversal de distintos diputados, esta Comisión Especial Investigadora del Caso Convenios 2.0”.

En ese sentido, el parlamentario del PDG señala que “esto se justifica porque en la otra solamente vimos el caso de Antofagasta y Democracia Viva. Y aquí hay más casos, más fundaciones, más universidades, más traspasos de dineros que se tiene que justificar”.

“Tenemos que seguir investigando porque el ‘caiga quien caiga’ tiene que ser real, tiene que ser transparente, y ante la corrupción todos tenemos que estar alineados”, sostuvo Oyarzo.

En detalle, adelantó que “aquí hay que dar una línea importante en Fiscalía y Contraloría, ahora con la contralora subrogante que está haciendo un buen trabajo y que llegó a cambiar varias cosas, la vamos a citar para ver las investigaciones de distintos ministerios”.

En tanto, el diputado Tomás Lagomarsino (Ind-Radical), señaló que falta investigar, entre otras, a la fundación Procultura, “que estaba presidida por un médico psiquiatra, un colega mío. Y que, lamentablemente, se alejaba bastante de los principios éticos que debería tener un profesional médico, producto que las cuentas finalmente están vacías, se desvinculó a personas prometiéndoles que se le iban a pagar las indemnizaciones, las vacaciones proporcionales no se pagaron, entre otras informaciones que hemos conocido”.

“Esperamos, por cierto, que se llegue hasta las últimas consecuencias en cada uno de estos casos que han conmocionado a la opinión pública, y que demuestran que aquí había una forma de estafar al Estado en sus recursos públicos”, agregó el diputado radical.

Mientras que la diputada Camila Musante (Ind-PPD) planteó que “creo que cualquier gestión que se pueda hacer desde la Cámara para sumar nuevos antecedentes a este caso, sobre todo tras las críticas con las que termina la Comisión Investigadora del Caso Convenios y también con algunas cosas que quedan sin resolver”.

“Hay nuevos antecedentes y a la luz de ellos, obviamente, una nueva investigación es no solamente razonable sino que también es el cumplimiento de nuestro deber en materia de fiscalización de los actos de gobierno”, finalizó.