Tres municipios de la región Metropolitana deberán abrir sumarios, luego que la Contraloría detectara actividades vinculadas al plebiscito del 4 de septiembre. Se trata de Pudahuel, Ñuñoa y Lampa, cuyas autoridades tendrán que iniciar un proceso para determinar las responsabilidades administrativas y aplicar las respectivas sanciones.

La Contraloría General de la República (CGR) ordenó abrir sumarios a tres municipios de la región Metropolitana por realizar actividades vinculadas al plebiscito del 4 de septiembre.

Se trata de Pudahuel, Ñuñoa y Lampa, comunas que deberán adoptar procedimientos disciplinarios para indagar los hechos y determinar las responsabilidades administrativas.

En el primero caso, el órgano contralor detectó una publicación en la cuenta de Facebook de la Municipalidad de Pudahuel, que es liderada por el alcalde Ítalo Bravo (Igualdad).

Una gráfica presentaba una especie de comparación entre la Constitución vigente y la propuesta de nueva Carta Magna sobre derechos de agua. Desde la casa edilicia argumentaron que se trató de una campaña informativa respecto a los contenidos del texto presentado por la Convención.

Si embargo, la CGR aseguró que “contrariamente a lo que el título indica, no se trata de una comparación de artículos entre la carta vigente y la propuesta, por cuanto, en lo que se refiere, en particular, al epígrafe ‘Constitución actual’, señala supuestos efectos de dicha normativa, aludiendo a la existencia de ‘situaciones de abuso y monopolio"”.

“Cabe concluir que no resulta posible desprender que dicha publicación se relacione con un fin institucional o haya tenido por objeto comunicar a la población algún aspecto relevante de la actividad municipal, por lo cual resulta improcedente que se utilice la cuenta institucional del municipio para difundirla”, agregó en su oficio.

CGR ordena sumario en Ñuñoa por actividad con convencionales

La Contraloría también oficio a la Municipalidad de Ñuñoa, ya que se presentaron dos denuncias por el presunto uso de recursos públicos en una actividad realizada en la sede de la Corporación Cultural de la comuna.

Los acusadores plantearon que el evento trató sobre el plebiscito y tuvo un “claro sesgo” a favor del Apruebo, ya que sólo participaron invitados de los sectores políticos que apoyan dicha opción.

El municipio, encabezado por la alcaldesa Emilia Ríos (RD), señaló que la Convención contactó a diferentes comunas para coordinar actividades informativas. En ese sentido, argumentan que se invitó a todos los convencionales del distrito, pero que la mayoría declinó participar por distintos motivos.

De acuerdo a la CGR, el municipio “invitó a una actividad con tres convencionales constituyentes para el domingo 11 de junio” a través de su cuenta de Twitter.

“No resulta posible desprender que dicha publicación y la consecuente actividad ejecutada por la Municipalidad de Ñuñoa se relacione con un fin institucional o haya tenido por objeto comunicar a la población algún aspecto relevante de la actividad municipal”, indica.

Teniendo en cuenta que los municipios se encuentran impedidos de utilizar sus bienes o recursos en fines distintos a los que la ley les permite, se les ordena abrir un procedimiento disciplinario para determinar responsabilidades.

Contraloría reacciona a reunión con convencional en Lampa

Finalmente, la CGR ordenó abrir un sumario a la Municipalidad de Lampa, pues se realizó una reunión con una convencional el pasado 1 de junio. En ese sentido, se invitó a las juntas de vecinos para que participaran de dicho encuentro.

El municipio y su alcalde, Jonathan Opazo (IND), manifestaron que esta cita se concretó en la Corporación Cultura de la comuna. Asimismo, expresaron que su finalidad era tener informada a la comunidad sobre el proceso constituyente y que no implicó mayores gastos.

De acuerdo a la Contraloría, el municipio promovió dicho evento con un afiche publicitario. “No resulta posible desprender que dicha publicación y la consecuente actividad ejecutada por la Municipalidad de Lampa se relacione con un fin institucional”, señala en su oficio.

Por esta razón, al igual que en los dos casos anteriores, se deberá abrir un proceso para determinar quién fue el responsable de coordinar esta actividad y aplicar las sanciones correspondientes.