El Gobierno valoró el trabajo que la Fiscalía ha llevado a cabo en los casos por detenidos durante el estallido social.
Esto luego que la Justicia ordenara la libertad de dos imputados desde el Centro de Detención Preventiva Santiago 1.
El jueves, además, se suspendió la causa penal contra otros seis imputados “primera línea” y se sobreseyó definitivamente al único acusado por el incendio en la iglesia de Ancud.
El vocero de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos, Jaime Fuentes, acusó al Ejecutivo de actuar por señales políticas y aseguró que el Poder Judicial no está resolviendo de manera objetiva.
“Si comparamos juicios de 2016, 2017 (…) ninguno de ellos pasó en prisión preventiva más de un mes”, partió.
“Claramente vemos cambios desde que comenzó el estallido social en el Poder Judicial y un sesgo que atenta con el principio de objetividad con que tienen que resolver los jueces”, añadió.
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Incendio de Ancud
En Ancud, el único imputado por el incendio de la Iglesia San Francisco, en enero de 2020, Darío Chacón, fue sobreseído definitivamente.
Esto ocurrió a petición de la Fiscalía, luego que la Corte de Apelaciones de Puerto Montt confirmara la exclusión de las pruebas que sostenía la investigación.
“Me parece unívoco que es que hubo una negligencia”, lanzó el defensor Penal Público Humberto Ramírez.
“Aquí hubo una falta de formación de los organismos auxiliares del Ministerio Público, hablo de la policía general”, añadió.
“Creo que Darío nunca debió haber estado preso. No puede haber verdad si esa verdad no es justa, y es justa cuando se ajusta a derecho”, complementó.
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Galli valora trabajo de Fiscalía
Sobre esto, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, dijo esperar que la justicia continúe actuando y se pueda condenar a detenidos durante el estallido social que resulten responsables.
“La justicia tiene que actuar, solo respecto de aquellas personas que se pueda acreditar su responsabilidad pueden haber sanciones penales”, sostuvo.
“Valorar el trabajo que hizo la Fiscalía”, complementó Galli.
“Esperemos se siga investigando para que aquellas personas que cometieron delitos más graves puedan ser condenadas en la eventualidad de determinar su responsabilidad”, indicó.
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En el caso “primera línea”, otros 18 imputados se encuentran cumpliendo las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual.
Eso a la espera del juicio oral que se llevará a cabo el 19 de agosto.