Durante la mañana de este viernes el juez Fernán Rioseco, magistrado del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar, se refirió —en entrevista con Expreso Bío Bío— a la acción judicial contra el Estado de Chile que presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (DICH), de la Organización de los Estados Americanos, para recuperar la tutela de su hijo.

Se trataría de una vulneración de derechos en relación a la igualdad entre madres y padres para el cuidado de hijos. Según explicó, “el Juzgado de Familia me da el cuidado personal de mi hijo, que tiene cinco años actualmente. La Corte de Apelaciones confirma ese fallo y una sala de la Corte Suprema, que es la sala especializada, la cuarta sala, por mayoría de tres contra dos, decide acoger un recurso de casación y quitarme el cuidado personal”.

“El error de derecho, según este fallo —o sea, mejor dicho el voto de mayoría, porque insisto en este tema, es 3 – 2—, el voto de mayoría dice que hay ciertas letras de un artículo del Código Civil que regula esta materia, que son el 225-2 del Código Civil. Dos letras, dice la corte, no habrían valorado los jueces. Entonces, entra a hacerlo la Corte Suprema y de esa manera da vuelta el fallo”, sostuvo.

En esa línea, explicó la normativa que se aplicó en el fallo de la Suprema: “Los literales son, uno, el comportamiento que los padres han tenido recíprocamente, entre sí; y otro, es la opinión del curado ad ítem, que es un abogado que nombra el Tribunal de Familia para representar independientemente los derechos del menor en el juicio”.

Asimismo, dijo que si se considera el comportamiento que han tenido padre y madre en relación al menor en este caso, “no altera en nada (el fallo). La verdad, el fundamento del recurso, o uno de los fundamentos, es que aquí lo que hace la corte es simplemente replicar estereotipos de género, sesgos, que todavía están vigentes en nuestra legislación y en la sociedad lamentablemente. Entonces, ese es un tema de fondo”.

“Aquí no estoy en una cruzada contra el Poder Judicial, menos contra la Corte Suprema. Estoy simplemente ejerciendo un derecho que me parece super importante que la gente sepa que es un derecho que tenemos todas las personas en América, incluyendo Canadá, México, etcétera, de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si estiman que el Estado, cualquiera que sea, ha vulnerado sus derechos. Eso es lo que establece el Pacto de San José de Costa Rica”, aseguró.

Asimismo, señaló no ser el primero en recurrir a la CIDH por un caso de tutela familiar, sin embargo, espera poder decir que es el último.

“Ley Amor de Papá”

El magistrado también explicó que en 2013 la Ley Amor de Papá modificó el Código Civil: “Antes de ese año, en caso de separación, la mujer tenía la primacía, la madre mejor dicho, entonces era una diferencia muy arbitraria que se eliminó y en este momento rige el principio de igualdad absoluta entre los padres, es decir, la Ley no privilegia a nadie, en teoría. Privilegia al que va a satisfacer mejor los intereses del hijo o de los hijos comunes”.

“El problema es que en este momento la Ley solamente permite el cuidado compartido de manera negociada, acordada entre las partes. O sea, los tribunales no pueden hacerlo porque la Ley es prohibitiva en ese sentido”, detalló.

Por tanto, explica que no habiendo acuerdo, el tribunal dirime el cuidado, decidiendo “entre el padre o entre la madre”.

“Una de las peticiones que hacemos ante la Comisión Interamericana, y esperemos entregar un acuerdo, una solución amistosa con el Estado, es que se modifique la legislación para que el cuidado compartido sea la regla general, no como es actualmente que es como una especie de excepción y no está acorde a los tiempos”, adujo.

No es el único

Rioseco indicó además no ser el único que se encuentra en este tipo de situación. “Desde que yo presenté la denuncia y la hice pública, hay un montón de padres que se han contactado conmigo por redes sociales y me dicen ‘bueno, usted es la cara visible de esto, pero somos miles, quizás millones lo que queremos participar en la crianza de una manera igualitaria"”, contó.

Sin embargo, el magistrado precisó que durante abril, el mes en que presentó la denuncia ante la CIDH, “el diputado Marcelo Díaz y otros parlamentarios (…) presentaron un proyecto de Ley justamente para reformar el Código Civil en este aspecto, que es lo que nosotros pedimos: que la Corte, o ante la Comisión Interamericana, obligue al Estado a hacer esta reforma pensando en el interés superior de los niños”.