El pasado 10 de junio de 2021 la defensa del ex senador UDI, Jaime Orpis —condenado a 5 años y un día de cárcel por seis delitos de fraude al fisco— presentó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, relacionado con un recurso de nulidad interpuesto por el mismo ex político en contra de la condena que se le dictaminó.
En específico, el recurso impugna un conjunto de preceptos legales presentes en el Código Orgánico de Tribunales que, según se sostiene en la acción, “han sido y serán aplicados con carácter de decisivos en la gestión pendiente consistente en el recurso de nulidad interpuesto la defensa de nuestro representado en contra de la sentencia definitiva del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago”.
El requerimiento de inaplicabilidad, por tanto, busca evitar que se produzca, a raíz de dichos preceptos legales, “una vulneración del derecho (…) (de Orpis) a un juicio racional y justo”, consagrado, según indican, en la Constitución de la República; como tampoco a ser discriminado arbitrariamente.
Recordemos que la defensa de Orpis presentó a fines de abril un recurso de nulidad directamente ante la Corte Suprema, pidiendo que se anule el juicio que lo condenó bajo el argumento de que él no cometió cohecho.
Posteriormente, fue el mismo Máximo Tribunal el que decidió derivar dicha acción hasta la Corte de Apelaciones de Santiago.
Asimismo, la defensa solicita que, en caso de que el requerimiento ante el TC se admita a trámite, se suspenda la revisión del recurso de nulidad tramitado por el tribunal de alzada “en atención al estado en que se encuentra la causa y a la posibilidad de que el recurso de nulidad interpuesto sea resuelto por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago” antes de que el Tribunal Constitucional pueda pronunciarse sobre el requerimiento.
En resumen, quedará en manos del Tribunal Constitucional dirimir sobre el futuro del recurso de nulidad presentado por la defensa del ex senador Jaime Orpis.
