El Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Consejo para la Transparencia (CPLT) se encuentran nuevamente enfrentados por la agenda del presidente Sebastián Piñera.

Lo anterior ya que el segundo le ordenó a Presidencia que entregue información sobre reuniones entre el Mandatario y representantes de gremios de medios de comunicación durante 2020.

En concreto, la petición solicitaba el número y fecha de las citas entre el Gobernante con representantes de la Federación de Medios, la Asociación Nacional de Prensa, la Asociación de Radiodifusores de Chile y la Asociación Nacional de Televisión.

Por ello, este 10 de junio, el CDE dedujo un reclamo de ilegalidad, lo que implica que la Corte de Apelaciones de Santiago deberá finalmente resolver qué pasará en este caso.

La acción del CDE se produce luego que el CPLT acogiera un amparo en su contra por por denegar la entrega de información.

A juicio del CPLT, los antecedentes requeridos son públicos, por lo cual descartó las causales de reserva aludidas por Presidencia.

Por otro lado, La Moneda argumentó que la publicidad de lo solicitado podría afectar al debido cumplimiento de sus funciones, a la seguridad de la Nación y al interés país.

“Las reuniones de S.E. el presidente de la República no son materia de registro en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos o acuerdos de esta entidad”, aseguró Presidencia en sus descargos.

“Lo anterior, puesto que el Presidente ‘no es un sujeto pasivo de Lobby’ y no está obligado ‘por precepto legal alguno a llevar registro de todas las reuniones e instancias, formales o no, en que participe"”, añadió.

Sobre obligaciones en materia de Lobby, el CPLT estableció que la Ley 20.730 solo expresa que no está forzado a llevar el especial registro de agenda pública.

Aquello, a su juicio, en ningún caso implica que no se pueda acceder al detalle de sus compromisos a través del procedimiento de acceso a la información pública, previsto en la Ley de Transparencia.

De acuerdo al organismo, plantear que las actividades presidenciales están al margen del principio de publicidad y transparencia, por haber sido omitidas en la Ley de Lobby, “supondría sustraer a la figura presidencial del cumplimiento de deberes esenciales en materia de transparencia”.

Pelea anterior

Esta no es la primera vez que ambas instancias se ven enfrentadas por la agenda y las actividades del jefe de Estado.

En julio de 2020, el CPLT ordenó a La Moneda entregar la agenda de Piñera para el 18 de octubre de 2019.

La decisión se adoptó luego que un particular acudiera a la instancia buscando conocer qué antecedentes tuvo el Mandatario, quien sostuvo en entrevista con MEGA que tuvo “conocimiento previo” de los atentados al Metro de Santiago.

“El 18 de octubre, cuando supimos que iban a atacar las estaciones del Metro, que fueron 136 en total, hablamos con el general (Mario) Rozas y dijimos que se necesitarían mínimo diez carabineros en cada una para protegerlas. O sea, 1.360 efectivos policiales, y no los teníamos”, comentó Píñera.

En esa oportunidad, el CPLT estimó que la agenda de Piñera es “información de naturaleza pública, referida a las actividades realizadas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones”.

En ese entonces el contenido no se encontraba publicado en el sitio web de palacio. Al cierre de esta edición tampoco aparece.

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