Un proyecto de ley busca aumentar los requisitos para que los condenados por crímenes contra menores puedan conseguir el beneficio de la libertad condicional. De forma inédita, la idea incluye a las víctimas y sus familiares en la decisión de dejar salir de la cárcel a los condenados, antes de cumplir su pena.
En los últimos tres meses, al menos siete crímenes contra niños, niñas y un adolescente, han conmocionado al país. El último ocurrió hace poco más de una semana, donde dos hermanos fueron brutalmente asesinados en El Bosque.
Entre los casos que generaron más indignación está el crimen contra Ámbar, cuyo principal sospechoso de haberla asesinado -Hugo Bustamante- se encontraba en la calle luego de haber recibido el beneficio de la libertad condicional, pese a haber sido condenado en 2005 a 27 años de cárcel por un doble homicidio.
Bustamante asesinó a su pareja y a su hijastro, tras estrangularlos y golpearlos brutalmente. Luego los metió a un tambor para enterrarlos en el patio de una casa en Villa Alemana, por lo cual se le conoce como “el asesino del tambor”.
Luego de estar 11 años preso y cumplir algunos requisitos legales, el hombre recibió el beneficio de la libertad condicional, pese a que el informe de Gendarmería era desfavorable.
El proyecto
La violencia inusitada hacia los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de los últimos crímenes ocurridos en los últimos tres meses, deja al descubierto una terrible realidad en Chile, donde la niñez no tiene garantías y durante años no ha sido el centro de las políticas públicas, asegura la diputada e impulsora del proyecto, Érika Olivera.
La parlamentaria detalla que durante toda su actividad legislativa ha sido difícil conciliar acuerdos respecto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
De hecho, el proyecto de ley de Protección Integral a la Niñez se encuentra en discusión en el Congreso desde 2015 y recién esta semana fue aprobada.
En marzo la exmaratonista y el diputado RN, Andrés Longton, presentaron al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, la denominada “Agenda Más Justicia”, compuesta de varios proyectos patrocinados por un grupo transversal de parlamentarios y que buscan aumentar las penas para casos de homicidios simples y modificar la ley de libertades condicionales para la entrega de beneficios.
Una de esas iniciativas es la llamada “Tolerancia Cero” a los condenados por la muerte de niños, niñas y adolescentes cuya autora es la diputada Olivera, apoyada por los parlamentarios Carolina Marzán (PPD), además de los RN Ximena Ossandón, Gonzalo Fuenzalida, Andrés Longton, Francesca Muñoz y Paulina Núñez.
¿En qué consiste? El proyecto de ley busca modificar el Decreto Ley Nº 321 que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, con el fin de aumentar el tiempo efectivo de la pena cumplida para solicitar el beneficio, de 2/3 a 4/5 en los delitos graves señalados por los artículos 3º y 3º bis (tales como parricidio, femicidio, homicidio calificado, robo con homicidio, violación con homicidio, violación, infanticidio, abusos sexuales graves, entre otros).
En términos simples, busca que los condenados por estos crímenes permanezcan más tiempo en prisión antes de poder solicitar el beneficio que les podría permitir salir antes a la calle.
Además, incorpora el deber de citar a la víctima o en su defecto a los familiares de la víctima para que expongan su opinión sobre la concesión del beneficio ante la Comisión de Libertad Condicional.
“Las víctimas, o en su defecto sus familiares, personalmente o representados, habiendo sido citados previamente por la Comisión, podrán presentar ante la misma sus opiniones u observaciones en relación a la concesión del beneficio al imputado, las cuales serán recibidas por esta última en audiencia o de forma escrita, de manera previa a dictación de la resolución que concede o deniega el beneficio”, señala el proyecto.
Tolerancia Cero
La diputada Olivera apunta que aumentar las penas no es suficiente si los condenados no las cumplen en forma efectiva, por lo que este proyecto pretende no sólo que se aumente el tiempo efectivo de cumplimiento de la condena, sino que además las familias sean escuchadas por los jueces.
“Una persona que es capaz de dañar y arrebatarle la vida a un niño no puede estar en la calle, si esto hubiera sido así antes, Ámbar no habría asesinada por Hugo Bustamante que debía estar preso cuando asesinó a la adolescente”, enfatiza la parlamentaria.
Tras la muerte de Ámbar, y pese a que no hubo ningún cambio legislativo, la concesión de libertad condicional cayó de casi un 69% en promedio, entre el 2017 y el primer semestre del 2020, al 14.5 % en el último proceso, que se realizó en abril del 2021.
En este último otorgamiento de beneficios carcelarios, las comisiones de libertad condicional de las 17 Cortes de Apelaciones del país revisaron en total 5.844 solicitudes y aprobaron 848. La de Santiago tuvo el porcentaje más bajo de aceptación (1.65%) y Arica se llevó el más alto (57,75%).
Esta diferencia deja claro que muchas concesiones de libertad condicional dependen del criterio de los jueces, apunta Olivera.
“Es por ello, que se hace necesario que en el caso de los condenados por la muerte de niños, niñas y adolescentes quede legalmente establecido un aumento de requisitos para postular a los beneficios carcelarios, pues estas escasamente llegan a tener algún tipo de rehabilitación”, sentencia la parlamentaria.
